Las democracias no comienzan a morir cuando desaparecen las elecciones. Empiezan a deteriorarse cuando un servidor público pretende convertir las preguntas en delitos y las investigaciones periodísticas en amenazas personales.
Eso explica la gravedad del episodio protagonizado por el exsecretario de Vinculación y Atención del Municipio de León, Allan León Aguirre. Su denuncia penal contra un periodista del diario AM rebasa cualquier diferencia individual.
El reportero hizo exactamente aquello que la sociedad espera de un periodista responsable. Investigó presuntos contratos irregulares, revisó documentos, publicó información de evidente interés público y exhibió hechos relacionados con recursos municipales. Ese trabajo no merece castigo. Merece respeto.
Si Allan León Aguirre considera falsa la información, existen mecanismos legales para ejercer su derecho de réplica y defender su honor. Sin embargo, acudir a una denuncia penal por un supuesto acecho contra quien investigó su actuación pública envía un mensaje profundamente preocupante. No solamente responde contra un periodista; también puede desalentar futuras investigaciones sobre el ejercicio del poder.
Por eso el pronunciamiento del Consejo Consultivo adquiere enorme relevancia. El organismo advirtió que ese tipo de acciones puede criminalizar el periodismo e inhibir investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción o el manejo de recursos públicos. No se trata de una opinión aislada. Se trata del órgano creado precisamente para proteger a quienes ejercen esta profesión.
Igualmente preocupante resultó la reacción de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. Su intento por deslindarse bajo el argumento de que enfrenta un asunto entre particulares parece una salida políticamente cómoda, pero institucionalmente insuficiente. No, alcaldesa. Este caso dejó de pertenecer al ámbito privado desde el momento en que involucra a un exintegrante de su administración, recursos públicos y un periodista investigando posibles irregularidades.
Allan León Aguirre no alcanzó notoriedad por administrar una empresa familiar. La obtuvo como integrante de un gobierno municipal. Las decisiones que tomó desde ese cargo pertenecen al escrutinio ciudadano. Nadie pierde derechos por servir al Estado, pero tampoco conserva privilegios para blindarse del trabajo periodístico.
La autoridad municipal tampoco puede esconderse detrás de una frase diplomática. Defender la libertad de expresión también exige asumir posiciones claras cuando un exfuncionario de primer nivel utiliza instrumentos penales contra un reportero. El silencio institucional jamás fortalece la democracia; únicamente alimenta sospechas.
Ahora corresponde a la Fiscalía actuar con absoluto profesionalismo. Una denuncia jamás debe convertirse automáticamente en instrumento de intimidación. Antes de judicializar cualquier señalamiento, la autoridad necesita valorar cuidadosamente el contexto, la naturaleza del trabajo periodístico y las garantías constitucionales que protegen la libertad de informar.
Mientras tanto, las presuntas irregularidades reveladas por el diario AM tampoco pueden quedar enterradas bajo el ruido de una denuncia. La sociedad necesita saber si esos contratos existieron, cómo se asignaron, quiénes participaron y si alguna autoridad incurrió en responsabilidades administrativas o penales. Esa investigación importa mucho más que cualquier intento por desacreditar al mensajero.
También el gremio periodístico enfrenta una prueba. Hoy la solidaridad no constituye un gesto de compañerismo; representa una obligación ética. Cuando una denuncia contra un reportero recibe silencio como respuesta, mañana cualquier periodista puede enfrentar el mismo camino. La defensa de uno termina por convertirse en la protección de todos.
El Consejo Consultivo ya fijó una postura. Ahora falta escuchar a colegios de periodistas, medios de comunicación, universidades, organismos empresariales y organizaciones civiles. La libertad de expresión nunca sobrevive solamente con leyes; necesita ciudadanos dispuestos a defenderla cuando el poder intenta incomodarla.
Porque el verdadero escándalo nunca será una investigación periodística. El verdadero escándalo aparecerá el día que los periodistas prefieran guardar silencio por miedo a una denuncia. Ese día perderá un reportero. Perderá la prensa. Pero, sobre todo, perderá la sociedad.
