Ayer no hubo una conferencia de “resultados”. En realidad fue un espejo incómodo.
Frente a periodistas, la Fiscalía General del Estado abrió doce expedientes y, sin proponérselo, exhibió el tamaño de la impunidad que persigue al periodismo en Guanajuato.
Las cifras golpean más que cualquier discurso.
Doce periodistas aparecen en la lista oficial. Apenas tres casos alcanzaron sentencia condenatoria. Uno terminó con absolución. Los demás continúan entre órdenes pendientes, investigaciones abiertas o ninguna pista suficiente para capturar responsables.
Ese dato por sí solo debería estremecer a cualquier sociedad democrática. Sin prensa libre no existe vigilancia del poder. Sin justicia para periodistas tampoco existe garantía para cualquier ciudadano.
Ayer fue un día triste….y eso que no se ventilaron las amenazas constantes que vienen de los súbditos del fiscal o de los empleados de la secretaria de seguridad, como en el caso del compañero Macario en Celaya.
La mesa técnica reunió al secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, al fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, así como a representantes del mecanismo estatal de protección y periodistas.
Nadie cuestionó el trabajo cotidiano de ministerios públicos o peritos, porque el problema resulta mucho más profundo.
La Fiscalía presentó avances procesales. Capturas, cateos, peritajes o testimonios. Sin embargo, otra realidad apareció entre cada expediente: La justicia continúa persiguiendo autores materiales mientras los autores intelectuales permanecen fuera del alcance institucional.
Ese vacío representa la mayor derrota del Estado.
Un asesino rara vez decide solo. Alguien ordena, financia, facilita, protege o celebra el crimen. Allí comienza la verdadera deuda pendiente con el periodismo.
Incluso la propia Fiscalía reconoció que únicamente algunos expedientes mantienen elementos suficientes para relacionar directamente el homicidio con la actividad periodística. En otros casos todavía evita establecer esa conclusión. (Periódico Correo)
Esa prudencia jurídica resulta entendible. La prudencia tampoco puede convertirse en resignación. Cuando un periodista recibe amenazas, documenta corrupción, incomoda intereses criminales o exhibe abusos oficiales, cualquier investigación exige mirar primero hacia su trabajo.
México aprendió demasiado tarde esa lección. Durante años muchas carpetas ignoraron la actividad periodística de las víctimas. Después llegaron protocolos especializados precisamente para evitar esa omisión. Aun así, los resultados permanecen insuficientes.
Ayer también quedó otra sensación imposible de esconder. Algunos expedientes avanzan con firmeza. Otros parecen caminar sin dirección. El tiempo jamás juega del lado de la justicia. Cada mes borra rastros, enfría testimonios y fortalece pactos de silencio.
Los periodistas tampoco buscamos privilegios. Exigimos exactamente lo mismo que cualquier víctima. Verdad completa. Justicia verdadera. Castigo para quien disparó, pero también para quien dio la orden desde la comodidad del anonimato.
Porque detrás de cada comunicador asesinado existe una historia interrumpida, una familia rota, una comunidad desinformada y una pregunta incómoda que alguien consiguió silenciar mediante violencia.
Guanajuato presume instituciones sólidas. Entonces corresponde demostrarlo donde más importa. Ningún gobierno acredita compromiso con la libertad de expresión únicamente mediante discursos, mesas de diálogo o comunicados institucionales. La prueba definitiva siempre aparece dentro de los tribunales.
Ayer escuchamos expedientes. También escuchamos silencios. Los nombres cambiaron, las fechas también, pero la conclusión permaneció idéntica. La impunidad todavía ocupa demasiado espacio dentro de cada carpeta presentada.
Ejercer el periodismo en Guanajuato significa asumir uno de los mayores riesgos entre los oficios públicos. Esa realidad no debería normalizarse. Mucho menos aceptarse como un costo inevitable de informar.
La Fiscalía todavía tiene oportunidad para cambiar esa historia. Los periodistas también conservamos otra obligación. No olvidar a nuestros compañeros. Tampoco dejar de preguntar quién apretó el gatillo y, sobre todo, quién ordenó hacerlo. Porque mientras esa respuesta permanezca ausente, ninguna sentencia alcanzará para llamarse justicia.
