Una exempleada del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) fue vinculada a proceso por presuntamente realizar retiros ilegales por más de 90 mil pesos. La investigación señala que habría utilizado de manera indebida los sistemas informáticos y el lector biométrico de la institución para disponer de recursos sin autorización.
El caso salió a la luz después de que un derechohabiente detectó un retiro que no reconocía en su cuenta de ahorro voluntario. Tras recibir el reporte, el ISSEG presentó una denuncia para esclarecer el origen de la operación.
Las investigaciones permitieron identificar otros movimientos con características similares, lo que fortaleció la carpeta integrada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Fiscalía detectó presuntos retiros ilegales
La indagatoria comenzó con la revisión de los registros relacionados con el retiro reportado por el derechohabiente. Posteriormente, los agentes ministeriales analizaron videograbaciones, movimientos financieros y el uso de las herramientas tecnológicas disponibles para el personal.
De acuerdo con la investigación, la entonces empleada de mostrador habría aprovechado el acceso a los sistemas institucionales y al lector biométrico de huellas digitales para efectuar retiros sin el consentimiento de los titulares de las cuentas.
Además, la revisión de otras operaciones permitió ubicar movimientos con el mismo patrón. Según la Fiscalía, el monto total de las disposiciones irregulares rebasó los 90 mil pesos.
Juez vincula a proceso a la extrabajadora
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la investigación. El juez de Control determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
La autoridad judicial consideró que la imputada presuntamente hizo un uso indebido de la información y de los sistemas a los que tenía acceso por sus funciones, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública del ISSEG.
No obstante, la defensa solicitó la suspensión condicional del proceso. El juez concedió esa medida por un periodo de seis meses, al cumplirse los requisitos previstos en la legislación.
Deberá cumplir medidas durante seis meses
Como parte de las condiciones impuestas por la autoridad judicial, la imputada deberá presentarse una vez al mes para firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
Asimismo, tendrá que cumplir con las obligaciones fijadas durante el plazo establecido. En caso de incumplimiento, el beneficio podría ser revocado y el proceso seguiría su curso ordinario.
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Mientras tanto, el expediente permanecerá bajo supervisión judicial hasta que concluya el periodo de suspensión o se determine una nueva resolución.
ISSEG recuperó el dinero de los afectados
Paralelamente, la Fiscalía investigó el daño patrimonial bajo el delito de robo calificado cometido por empleado, al considerar que los recursos retirados eran administrados por el ISSEG.
La institución restituyó el dinero a las cuentas de los derechohabientes afectados. Después, el caso relacionado con el daño económico fue enviado al área de mediación ministerial, debido a que ese delito permite mecanismos alternativos de solución de controversias.
