El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para evaluar quitar protecciones al lobo mexicano y al lobo gris bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
La disposición mandata al secretario del Interior a determinar en un plazo máximo de 90 días si la especie mantiene los criterios biológicos de vulnerabilidad. Asimismo, el gobierno estadounidense justificó la iniciativa como una respuesta directa a los reclamos del sector ganadero por supuestos ataques a su rebaño.
La administración federal busca reactivar una política impulsada durante el primer mandato presidencial que posteriormente fue revertida por un mandato judicial.
De igual forma, las autoridades norteamericanas pretenden reducir las restricciones de manejo sobre la fauna silvestre en los estados del oeste. Por su parte, agrupaciones ecologistas señalaron que la pérdida de ganado atribuible a depredadores representa un porcentaje mínimo frente a los efectos de las contingencias climáticas locales.
Defensores del medio ambiente argumentaron que existen mecanismos de compensación económica y partidas presupuestales para respaldar a los rancheros afectados.
Además, los programas estatales financian medidas preventivas no letales como la remoción de cadáveres bovinos y la vigilancia activa durante el pastoreo. Igualmente, activistas internacionales destacaron que la prioridad legislativa debería centrarse en mitigar los conflictos de convivencia en lugar de autorizar cacerías.
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Registros del Grand Canyon Wolf Recovery Project advierten que únicamente subsisten 317 ejemplares de lobo gris mexicano en hábitat silvestre.
Por este motivo, los biólogos advirtieron que eliminar la cobertura legal pondría en riesgo décadas de trabajo genético y restauración ecológica en la región fronteriza. Del mismo modo, el Centro para la Conservación del Lobo demandó mayor financiamiento para estrategias de coexistencia duraderas entre la ganadería y la fauna nativa.
Las organizaciones civiles analizan emprender acciones legales ante tribunales federales en caso de confirmarse la desprotección de la especie. De igual manera, las agencias ambientales continuarán recibiendo estudios técnicos para sustentar el dictamen final sobre la viabilidad del depredador.
