Ciudad de México.- El diputado federal Rubén Moreira Valdez solicitó formalmente a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de personas electas para la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, esto luego de los homicidios de los diputados federales electos, Melesio Cuén Ojeda, Benito Aguas Atlahua y Zenyazen Escobar García, vinculados con la actual Legislatura.
Durante su programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, acompañado de los especialistas Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub, el coordinador parlamentario precisó que en la semana que terminó propuso una comisión especial para darle seguimiento a la investigación de estos tres casos.
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La Comisión Especial propuesta por Rubén Moreira tendría como objetivo dar seguimiento a las investigaciones, conocer las acciones de las autoridades responsables, contribuir al esclarecimiento de los hechos y formular propuestas desde el ámbito legislativo para prevenir nuevas agresiones, así como fortalecer las garantías para el ejercicio libre y seguro de la representación popular.
En ese sentido, Mario Di Costanzo y Miguel Sulub afirmaron que estas comisiones especiales están previstas en la ley, pero, Morena esconde todo y es muy poco transparente.
En reunión previa a las sesiones ordinarias de la semana pasada, el coordinador de la bancada del PRI planteó al presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, construir los consensos necesarios para someter la propuesta de la Comisión a consideración del Pleno.
En el documento, Moreira Valdez señala que por la gravedad de los hechos, se requiere de un mecanismo plural de seguimiento institucional que permita conocer las acciones emprendidas por las autoridades competentes y determinar qué medidas puede impulsar el Poder Legislativo para prevenir y frenar la violencia política.
El priista consideró que la creación de esta comisión no es un asunto menor y advirtió que la Cámara de Diputados no puede permanecer indiferente ante los homicidios de quienes fueron electos por la ciudadanía para integrar este órgano legislativo, en especial cuando se trata de ataques con armas de fuego que evidencian la gravedad de la violencia que enfrenta el país.
“El asesinato de una persona legisladora no sólo representa una pérdida irreparable, sino que también interrumpe la representación otorgada por la ciudadanía y afecta el funcionamiento de nuestra vida democrática”, sostuvo.
El exgobernador de Coahuila reconoció que la violencia afecta a toda la sociedad y demanda una respuesta integral del Estado; sin embargo, subrayó que la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad institucional frente a los ataques contra sus integrantes y representantes electos.
Por ello, llamó a las distintas fuerzas políticas representadas en la Jucopo a construir los consensos necesarios y someter la propuesta a la consideración del Pleno cameral.
