Estados Unidos impuso sanciones contra 21 personas y 25 empresas señaladas por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó entre los sancionados a Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada.
Tras el anuncio estadounidense, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que aplicó un bloqueo administrativo preventivo a las 46 personas y empresas señaladas.
Sanciones al Cártel de Sinaloa alcanzan a Mayito Flaco
La OFAC señaló a Zambada Sicairos como actual líder de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la autoridad estadounidense, asumió ese papel después de la detención de su padre en julio de 2024.
También fueron sancionados Jorge Luis Mendoza Uriarte, Güero Chompas; Francisco Javier Mendoza Uriarte y Lorenzo Castillo Maldonado. La OFAC los identifica como integrantes del círculo cercano de Mayito Flaco.
Además, la dependencia estadounidense incluyó a Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V., empresa que atribuye a Hildegardo Gastelum García. Según el Tesoro, sus ingresos habrían sido utilizados para financiar actividades de Los Mayos.
Empresas señaladas en Baja California
Las sanciones también se concentraron en Baja California, particularmente en Mexicali y Tijuana. La OFAC relacionó a distintos empresarios y operadores con Los Rusos, una subfacción de Los Mayos.
Entre las empresas señaladas están Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.
También aparecen Rivera Zaxuet Mia Centro Cambiario y Rivos Servicios, relacionadas por la OFAC con José Ángel Rivera Zazueta. Asimismo, Grupo Gasolinero Nueva Esperanza fue incluido en la medida.
Otra empresa sancionada es Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, relacionada por la autoridad estadounidense con Rafael Buenrostro Martín. Las designaciones corresponden a señalamientos de la OFAC sobre presuntas actividades de apoyo financiero o material.
OFAC señala red de empresas en Tijuana
La lista incluye además compañías que la OFAC vincula con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices. Ambos son señalados por Estados Unidos como asociados de Jesús González Lomelí.
En este grupo aparecen Grupo Baja Fixer, Inteliproof Efficient, Capital Privado Baja, Capital Privado Bursátil y Festivales Artistas Mobiliario Asesoría.
También fueron sancionadas Conciertos y Espectáculos Inhouse, Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colaborativa.
La OFAC sostiene que esta red empresarial, dedicada a sectores como seguridad, bienes raíces y entretenimiento, habría sido utilizada para lavar recursos relacionados con el Cártel de Sinaloa.
México bloquea cuentas de los 46 señalados
Las sanciones al Cártel de Sinaloa también derivaron en una acción financiera en México. La UIF analizó la información disponible sobre los objetivos incluidos por la OFAC.
Como medida preventiva, la autoridad mexicana ordenó el bloqueo administrativo correspondiente. Este mecanismo busca impedir temporalmente operaciones financieras mientras se revisa la información relacionada con los señalados.
Entre las personas sancionadas también están Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; su hermano Luis Alfonso Torres Torres y el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García.
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La OFAC los acusa de proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa. Estas acusaciones corresponden a la autoridad estadounidense y no constituyen por sí mismas una sentencia judicial mexicana.
El bloqueo financiero aplicado por México es una medida administrativa y preventiva, por lo que no determina por sí mismo responsabilidad penal. La UIF puede continuar con el análisis financiero y, si encuentra posibles delitos, dar vista a las autoridades correspondientes.
Las sanciones estadounidenses bloquean los bienes e intereses en bienes de los designados que estén bajo jurisdicción de Estados Unidos. Además, restringen determinadas operaciones de personas y empresas estadounidenses con los sancionados.
