Cae familia que usaba voces de gobernadores para extorsionar

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Detienen a cinco personas señaladas por suplantación de funcionarios, luego de que autoridades detectaran una presunta red que imitaba a ministros de la Suprema Corte, gobernadores, alcaldes y servidores públicos para obtener dinero o beneficios laborales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron las investigaciones que llevaron a los arrestos. El grupo habría operado desde 2021 en distintas entidades del país.

Además, entre las posibles víctimas aparecen políticos, servidores públicos y empresarios. Para concretar los engaños, los involucrados presuntamente combinaban llamadas, mensajes, información personal y herramientas de inteligencia artificial.

Detienen a cinco por suplantación de funcionarios

Los detenidos son Luis “N”, su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”. También fue detenido Agustín Arturo “N”, identificado por las autoridades como escolta.

De acuerdo con la investigación, Luis “N” ocupó cargos públicos en Michoacán entre 2012 y 2013. Fue tesorero general y secretario de Administración y Finanzas durante ese periodo.

Según la SSPC, esos antecedentes le habrían permitido conocer estructuras político-administrativas y establecer contactos. Además, la dependencia señaló que tenía antecedentes por peculado y había sido inhabilitado en Michoacán.

Así operaba la presunta red

El mecanismo comenzaba con mensajes o llamadas de personas que se presentaban como secretarios particulares. Bajo distintos argumentos, solicitaban teléfonos y datos de funcionarios, empresarios o personas relacionadas.

Posteriormente, un supuesto gobernador, alcalde, ministro o alto funcionario contactaba a la víctima. Entonces, presuntamente solicitaba dinero, contratación de determinados servicios o la incorporación de personas a estructuras administrativas.

Para hacer más creíble la suplantación de funcionarios, los números telefónicos mostraban nombres, fotografías y logotipos relacionados con gobiernos u organizaciones políticas. Así, buscaban generar confianza antes de realizar las solicitudes.

Usaban inteligencia artificial para reforzar engaños

Las autoridades señalaron que la presunta organización también utilizaba inteligencia artificial para imitar las voces de las personas suplantadas. Con ello, buscaban hacer más convincente la comunicación con las posibles víctimas.

Además, los investigadores detectaron conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios. Estas comunicaciones podían presentarse mediante mensajes escritos o grabaciones, con el propósito de reforzar la identidad que pretendían aparentar.

La suplantación de funcionarios también habría servido para obtener información sensible y ampliar la red de contactos. Después, esos datos podían utilizarse para nuevas llamadas, solicitudes económicas o gestiones presuntamente irregulares.

Aseguran teléfonos, vehículos y otros indicios

Debido a que Luis “N” se encontraba registrado en el sistema bancario mexicano por actividades delictivas previas, las autoridades indicaron que las exigencias económicas debían realizarse en efectivo.

Cuando presuntamente necesitaban introducir recursos al sistema financiero, utilizaban una empresa de arquitectura y construcción propiedad de Aimee de Guadalupe “N”. Parte del dinero habría sido destinado a propiedades y vehículos de alta gama.

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Durante un cateo en una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec, fueron asegurados teléfonos, tarjetas SIM y vehículos. Los investigadores localizaron al menos 19 equipos de distintas marcas.

Las autoridades indicaron que algunos registros telefónicos coincidirían con números denunciados por posibles víctimas. Finalmente, los cinco detenidos ingresaron al penal de Almoloya y el 6 de octubre quedaron vinculados a proceso por extorsión.

El proceso judicial continuará bajo prisión preventiva justificada, mientras las autoridades presentan las pruebas correspondientes ante un juez. Sin embargo, los cinco acusados deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria.

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