La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato confirmó la responsabilidad de la Policía Municipal de León en el deceso de un detenido. El organismo garante emitió recomendaciones tras acreditar la violación al derecho a la vida por omitir los protocolos mínimos de custodia.
El dictamen derivó de la queja presentada por la madre de la víctima, quien perdió la vida tras caer de una patrulla en movimiento. La persona había sido arrestada por cometer una falta administrativa en la vía pública antes de ser abordada a la unidad.
Los elementos trasladaron al ciudadano en la batea de la patrulla con un solo aro de sujeción en una muñeca. Durante el trayecto, los tres oficiales viajaron en la cabina sin supervisar al asegurado, lo que derivó en la caída que le causó un traumatismo craneoencefálico.
Evidencian deterioro en la unidad y omisión de los oficiales
En primer lugar, las investigaciones técnicas mostraron fallas graves en la infraestructura del vehículo oficial asignado para los traslados. Los dictámenes de peritaje criminalista determinaron que la patrulla presentaba bancas desprendidas y severas deficiencias mecánicas en la parte trasera.
Asimismo, las declaraciones integradas al expediente confirmaron las inconsistencias operativas cometidas por el personal operativo. Sobre las fallas en el procedimiento, uno de los oficiales reconoció ante las autoridades de derechos humanos que cometieron un error al dejar a los detenidos en la batea sin resguardar su integridad y que la unidad estaba en muy malas condiciones.
Por lo tanto, la muerte de joven bajo custodia oficial derivó en la vinculación a proceso penal de tres agentes por el delito de homicidio culposo. Las autoridades judiciales darán seguimiento al proceso legal correspondiente para deslindar las responsabilidades individuales.
Señala derechos humanos responsabilidad institucional en León
Por otra parte, la resolución de la procuraduría determinó que la corporación local incumplió las medidas de prevención para garantizar el bienestar de las personas arrestadas. El organismo señaló que trasladar a ciudadanos en vehículos deteriorados vulnera los tratados internacionales de protección a detenidos.
El documento señala que los uniformados omitieron salvaguardar la vida del hijo de la demandante mientras se encontraba bajo su resguardo directo. Además, la resolución establece que el incidente no constituye un hecho aislado dentro de las labores de la Policía Municipal y Policía Vial de León.
En consecuencia, la muerte del joven arrestado obligó a la notificación formal del titular de la corporación como superior jerárquico. La dependencia municipal cuenta con plazos legales estrictos para manifestar la aceptación de la recomendación dictaminada.
Ordenan reparación del daño y capacitación para los agentes
Finalmente, el organismo estatal solicitó a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas inscribir a la madre del fallecido en el registro oficial. La medida busca brindar atención psicosocial a los familiares y fijar el monto de la compensación económica correspondiente.
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Entre las disposiciones aprobadas figuran aperturas de expedientes administrativos e impartición de cursos en materia de derechos humanos para los elementos involucrados. Las áreas de formación deberán incorporar la resolución dentro de sus programas educativos para evitar la repetición de los hechos.
De este modo, la investigación por la muerte del joven establece precedentes en las exigencias de seguridad durante el traslado de infractores. El ayuntamiento leonés deberá presentar en las próximas semanas las pruebas sobre el cumplimiento de cada recomendación.
