El juez Silvestre Peña Crespo, del estado de Guanajuato, fue señalado este jueves por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, por haber emitido cinco resoluciones judiciales que autorizaron traslados de personas privadas de la libertad por delitos graves, como secuestro y corrupción de menores, hacia centros de menor seguridad.
Durante la conferencia presidencial matutina, Harfuch reveló que, desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, se han documentado 193 decisiones judiciales que han favorecido a presuntos criminales. Estas resoluciones incluyen traslados, cambios de medida cautelar, egresos provisionales y liberaciones definitivas de personas vinculadas a organizaciones delictivas.
Entre octubre de 2024 y abril de 2025, se concretaron 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos de internos procesados por delitos de alto impacto. Además, se realizaron 27 traslados a penales de baja seguridad, a pesar de que la autoridad penitenciaria federal consideró que no eran viables por el perfil delictivo de los internos.
Harfuch también exhibió al juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien ha resuelto en favor de personas procesadas por delincuencia organizada, peculado, corrupción y lavado de dinero. Lo señaló por haber autorizado decisiones clave que han debilitado procesos penales contra operadores de grupos delictivos.
También lee: Inflación en México sube a 3.93% en abril y acumula 3 meses a la alza
Entre los casos más relevantes, mencionó el del 24 de abril de 2025, cuando Gregorio Salazar autorizó el traslado de Gerardo Ponce Alanís, miembro del Cártel de Sinaloa, al penal estatal de Aguaruto, donde poco después fueron aseguradas drogas, armas y dinero en efectivo. También recordó otras resoluciones controvertidas: en enero de 2023, la libertad de Mario Alberto Cárdenas Medina, en marzo de 2024, el auto de no vinculación a proceso para Juan Enrique “N”, alias La Pingua, y en noviembre de 2024, la revocación de prisión preventiva de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador.
Sigue también las noticias en TikTok
A finales de 2024, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que se presentaría acción penal contra el juez Gregorio Salazar Hernández por delitos contra la impartición de justicia. Sin embargo, Harfuch indicó que no es el único involucrado en este tipo de decisiones.
También mencionó a los jueces Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro, ambos de Sonora, quienes han otorgado 58 y 15 cambios de medida cautelar, respectivamente, a favor de personas detenidas por delitos de alto impacto.
De acuerdo con datos presentados por la SSPC, entre octubre del año pasado y abril de 2025, fueron liberados 26 operadores criminales que pertenecían a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Golfo, la Familia Michoacana y Los Rojos, en un contexto donde las decisiones judiciales están siendo cuestionadas por su impacto en la seguridad nacional.
