El escándalo de acoso y abuso sexual en la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao ha puesto nuevamente en evidencia la indiferencia de las autoridades universitarias ante una crisis que afecta directamente a sus estudiantes.
Las denuncias han sido públicas, las manifestaciones han sido contundentes y el reclamo es claro: justicia y protección para las víctimas. Sin embargo, lo que debería haber sido un encuentro para ofrecer soluciones se convirtió en un ejercicio de simulación institucional.
La reunión encabezada por la presidenta municipal de Silao, Melanie Murillo, junto con representantes de la Universidad de Guanajuato, la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres, dejó fuera a una de las piezas clave en este asunto: los padres de familia.
A pesar de que los estudiantes de esta preparatoria son menores de edad, las autoridades decidieron que sus tutores no tenían lugar en la discusión. ¿Cómo es posible que en un caso de esta magnitud, donde se habla de la vulneración de derechos de adolescentes, se haya ignorado por completo a quienes legal y moralmente tienen la responsabilidad de velar por ellos?
El mensaje es claro: las instituciones involucradas han preferido proteger su imagen antes que enfrentar con seriedad la realidad de estos jóvenes. Porque si bien la Universidad de Guanajuato ha lanzado un comunicado asegurando que “investigará” y “actuará conforme a sus atribuciones”, lo cierto es que ese discurso ya es conocido y desgastado. Lo mismo han dicho en casos anteriores y el resultado ha sido el mismo: impunidad, dilación y revictimización.
Pero lo más grave de todo esto es que la Universidad, junto con las demás instancias involucradas, parecen no reconocer que estos estudiantes son menores de edad. Es inconcebible que en un caso donde se habla de violencia sexual contra adolescentes, los padres y madres no hayan sido llamados a participar. ¿Desde cuándo los derechos de los menores pueden discutirse sin sus tutores? ¿Desde cuándo una universidad puede arrogarse la facultad de gestionar estas denuncias como si fueran casos administrativos, ignorando la dimensión legal y humana del problema?
La omisión de los padres en este proceso no es un error casual, es una decisión que revela la intención de las autoridades de minimizar el problema. Porque convocarlos significaría aceptar que hay una crisis seria que requiere no solo respuestas institucionales, sino también jurídicas y familiares. Significaría reconocer que estos menores han sido expuestos a una violencia que exige la intervención de instancias más allá de la Universidad.
Es un patrón preocupante. La Universidad de Guanajuato, la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres han optado por administrar la crisis en lugar de solucionarla. Siguen apostando a la burocracia, a la simulación, a los comunicados llenos de frases políticamente correctas pero vacíos de acciones reales. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando justicia, y ahora, sus familias han sido deliberadamente excluidas de un proceso en el que deberían haber sido actores fundamentales.
Los estudiantes han dejado claro que no dejarán de manifestarse hasta que haya respuestas concretas. Lo que falta por ver es si la Universidad y las autoridades gubernamentales tendrán el valor de romper con su tradición de omisión e impunidad. Y, sobre todo, si reconocerán de una vez por todas que estos jóvenes no están solos, que sus familias tienen derecho a estar presentes y a exigir lo que hasta ahora se les ha negado: verdad, justicia y protección real para sus hijos.
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