El hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, confirma lo que muchos intuíamos pero pocos se atreven a decir: en México, la maquinaria del crimen organizado ha rebasado los límites de la brutalidad.
Este centro de adiestramiento clandestino, una auténtica “escuelita del terror”, no solo operaba como una fábrica de sicarios, sino también como un crematorio humano, una fosa ardiente de impunidad donde cientos de víctimas han sido reducidas a cenizas.
Los testimonios recopilados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco narran con detalle el horror: jóvenes engañados con falsas promesas de empleo, reclutados a la fuerza y sometidos a un entrenamiento extremo que los convertía en soldados del crimen.
Los que no cumplían con las expectativas eran llevados a un sitio macabramente apodado “la carnicería”, donde eran asesinados e incinerados en hornos rudimentarios. Lo que queda de ellos, cenizas y huesos calcinados, es el rastro de un exterminio sistemático.
El rancho Izaguirre no es una excepción; es un síntoma de un fenómeno nacional. Y aquí, en Guanajuato, el eco de ese horror retumba con fuerza.
En nuestra entidad, las desapariciones se han vuelto una estadística que crece cada día, mientras los discursos oficiales prefieren enfocarse en decomisos de droga y combustible. La estrategia gubernamental ha sido clara: ocultar la tragedia humana tras los números de supuestos golpes al crimen.
Pero la realidad se filtra en los testimonios de las madres buscadoras, en los terrenos baldíos donde la tierra ha sido removida una y otra vez en busca de cuerpos, en los hornos clandestinos que, aunque aquí no han sido reconocidos oficialmente, bien podrían existir bajo la misma lógica de exterminio que hemos visto en Jalisco. ¿Acaso no es Guanajuato, con sus elevados índices de violencia, un territorio fértil para que operen estructuras similares?
La reciente declaración del secretario de Seguridad en Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, confirma que esta no es una hipótesis infundada. Él mismo reconoció que en la entidad existen campamentos donde, al parecer, jóvenes están siendo adiestrados para formar parte de los cárteles.
Según dijo, se trata de una investigación en curso, lo que significa que el fenómeno ya ha sido identificado, pero ¿qué tan avanzado está el problema? ¿Cuántos de estos centros de entrenamiento existen en el estado? ¿Cuántos jóvenes han sido reclutados bajo esta mecánica de engaño y coerción?
Los colectivos de búsqueda en la entidad han denunciado constantemente la falta de voluntad de las autoridades para investigar los casos de desaparición. Mientras que en Jalisco la evidencia de los crematorios clandestinos se ha documentado con videos y testimonios de sobrevivientes poco a poco, en Guanajuato estamos bajo la terrible sombra de pronto conocer lo mismo.
Habrá que esperar que las familias de desaparecidos recorran el estado con palas y varillas, excavando con sus propias manos, buscando pistas que las autoridades se niegan a seguir o dar a conocer las lamentables escenas de horror.
Lo encontrado en el rancho Izaguirre es aterrador porque no solo expone la crueldad del crimen organizado, sino también la indiferencia del Estado. Si esto ocurrió a plena luz del día en Jalisco, ¿qué está pasando en Guanajuato sin que nos enteremos? ¿Cuántas víctimas han sido reducidas a cenizas en terrenos baldíos, en casas de seguridad, en lugares que ni siquiera han sido denunciados?
La pregunta incómoda es si las autoridades lo ignoran o simplemente no quieren reconocerlo, o peor aún, no lo saben. ¿Cuántos más deben desaparecer para que se admita lo evidente? Lo que el rancho Izaguirre mostró es solo una pieza del rompecabezas del terror en México.
Si aquí en Guanajuato seguimos volteando la mirada, corremos el riesgo de descubrir, demasiado tarde, que hemos estado parados sobre las cenizas de nuestra propia gente.
