La Universidad de Guanajuato (UG), una de las instituciones educativas más emblemáticas del país, enfrenta una crisis que mancha su reputación y, lo más grave, vulnera la integridad de sus estudiantes.
El reciente caso del maestro de la Preparatoria Oficial de Silao, quien presuntamente exigió fotografías desnudas a sus alumnas a cambio de aprobarlas en la materia de trigonometría, es solo la punta del iceberg de un problema sistémico que parece no tener fin.
Según datos de la propia universidad, en 2024 se recibieron al menos 32 denuncias de acoso sexual en el nivel bachillerato y el doble en licenciatura. Sin embargo, la cifra real podría ser mucho mayor, ya que muchas víctimas optan por el silencio por miedo a represalias o desconfianza en las autoridades.
Este caso no es aislado. Las denuncias de las alumnas de Silao revelan un patrón preocupante: docentes que aprovechan su poder para someter a las estudiantes a situaciones de humillación y coerción. El profesor Armando N., señalado como el principal implicado, no solo ha eludido cualquier sanción, sino que continúa impartiendo clases, mientras las víctimas son revictimizadas y obligadas a abandonar sus estudios.
Esto no es solo un fracaso institucional, es una afrenta a la dignidad humana y un recordatorio de que, en pleno 2025, las instituciones educativas siguen siendo espacios inseguros para las mujeres.
La UG tiene la obligación moral y legal de actuar de manera contundente. No basta con abrir investigaciones o emitir comunicados de condena. Es urgente implementar medidas concretas que garanticen la seguridad de las estudiantes y sancionen a los responsables. La universidad debe establecer protocolos claros y efectivos para atender denuncias de acoso, brindar acompañamiento psicológico y legal a las víctimas, y, sobre todo, romper con la cultura de impunidad que permite que estos casos se repitan una y otra vez.
Además, es imperativo que la UG revise sus procesos de contratación y evaluación de docentes. No puede ser que personas con conductas predatorias tengan acceso a las aulas y ejerzan un poder desmedido sobre sus alumnos. La universidad debe asegurarse de que quienes están frente a un grupo no solo tengan la capacidad académica, sino también la integridad moral para formar a las nuevas generaciones.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en la UG. Las autoridades deben intervenir para garantizar que estos casos no queden en la impunidad.
Sé que la Fiscalía General de Justicia ya abrió una investigación, pero es necesario que se lleve a cabo con transparencia y celeridad. Las 70 valientes mujeres que han denunciado estos abusos merecen justicia, y la sociedad en su conjunto exige que se siente un precedente para que esto no vuelva a ocurrir.
En un momento en el que el movimiento feminista ha puesto en la agenda pública la lucha contra la violencia de género, es inadmisible que una institución como la UG siga permitiendo que sus estudiantes sean víctimas de acoso y abuso.
La universidad debe ser un espacio de formación, crecimiento y seguridad, no un lugar donde las jóvenes tengan que temer por su integridad.
Es hora de que la Universidad de Guanajuato demuestre que está del lado de las víctimas y no de los victimarios. Que actúe con firmeza, transparencia y justicia. Que corte de raíz este problema y se convierta en un ejemplo de cómo las instituciones educativas pueden y deben erradicar la violencia de género.
Las estudiantes de la UG, y todas las mujeres, merecen nada menos que eso.
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