Parte V. Cierre de ductos, catastrófico

A tres semanas de iniciado su gobierno, López Obrador provocó desabasto de combustibles que paralizó actividades cotidianas y afectó la producción en Guanajuato y otras regiones, consecuencia supuesta del combate al huachicoleo.

Pero el pasado 22 de mayo, afirmó que el país estuvo con reservas de gasolina limitadas a una semana, sin reconocer la estupidez de su decisión: ¿Cómo el combate al huachicoleo con cierre de ductos implicó la disminución de existencia de combustible y no su simple resguardo en almacenes?

Ante cada emergencia (incendios forestales, desabasto medicinas) el presidente da una primera lectura deslindando de toda responsabilidad a su equipo, adjudicándola al pasado o “yo tengo otros datos”. Al surgir información adicional, comunica nuevas interpretaciones que no cuadran con evidencia disponible.

Cerrar ductos fue absurdo. Sustituirlo por pipas multiplicó por 14 el costo de mover gasolinas; los ductos deben mantenerse en operación porque es la forma más eficaz de detectar huachicoleo.
Ordenó comprar pipas por adjudicación directa, sin licitación y sin cubrir la Norma Oficial Mexicana para auto-trasporte con material peligroso, y que hacen tráfico más lento y peligroso y daña carreteras. De 671 pipas que el gobierno dijo compraría para Pemex en Estados Unidos por 91 millones de dólares, fueron menos y costaron más: compró 59 pipas menos y pagó 8 millones de dólares más, informó el director de Pemex (23 de abril). Las adquisiciones directas están volviéndose la regla general (74% a mayo) de esta administración, una condición de mayor corrupción.

El 7 de febrero dio a conocer que a dos meses de su “estrategia” detuvieron a 655 personas por huachicoleo y acusó que solo 60 habían quedado en prisión por culpa de la ley. El 13 de mayo publicó Animal Político, con información del INAI que no fue esa la causa; fue el propio Ministerio Público Federal que ante falta de evidencia de que fueran realmente huachicoleros liberó al 56 % de detenidos. Y donde sí llevó ante el juez a los detenidos, los fiscales no solicitaron la medida de prisión preventiva, y de los 162 donde sí la solicitó, solo en 11 casos elaboró los perfiles periciales exigidos por ley para sustentar el riesgo de un presunto responsable y justificar tener que quedar preso.

De ese total, solo 72 terminaron bajo proceso, y con la media de prisión preventiva justificada solo el 11 % del total. ¡Apenas un 33% de los 655 detenidos terminaron vinculados a proceso! Entidades con más detenidos registrados: Edomex, 173; Hidalgo, 87 personas (donde la tragedia de Tlahuelilpan sigue sin investigarse); Tabasco con 86; Puebla con 45; Querétaro con 42. Y Guanajuato solo 40, siendo primero en tomas clandestinas.

El número de carpetas de investigación abiertas en primeros cuatro meses de este año: Hgo. 1,075; Edomex, 789; Pue, 608; Ver, 485; Guanajuato apenas 300 carpetas. Como sus antecesores, el presidente ordenó al Ejército vigilar ductos ¡pero van indefensos para responder agresiones!

Dicen autoridades federales que se abatió 95 % el huachicoleo. De ser cierto deberían estarse vendiendo 55 mil barriles de combustibles diarios adicionales en el mercado lícito, y es al revés, se venden menos que en el mismo período del 2018, al cierre del primer cuatrimestre del 2019 ( ver: www.pemex.com/ri/publicaciones/indicadoresPetroleros. Solo en Villagrán en primer cuatrimestre de 2019 se han detectado 71 tomas, en tanto que durante todo 2018 fueron 145, significa que tomas ahí subieron.

En el Top 20 nacional de municipios con tomas están en primeros lugares municipios de Hidalgo y Guanajuato; Irapuato y Salamanca incluidos. Fallida “estrategia”, relación costo-beneficio dañina y perdedora. Autoridades locales desentendidas ¿Y qué hacemos con la corrupción?

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