GUANAJUATO,Gto.- La Procuraduría General de Justicia “maquilla” sus cifras para posicionarse como una de las mejores dependencias de procuración de justicia del país, aún con casos documentados de abusos y tortura.

Lo anterior fue dado a conocer por el académico y activista Raymundo Sandoval durante su intervención en el Foro de `Buenas Practicas Para Una Mejor Fiscalía´.

El foro fue organizado por el colectivo #Fiscalíaquesirva, el Forensic Criminology Institute y el Colegio de Psicología Forense con el fin de mejorar la actuación de los involucrados en la Procuración de Justicia.

Durante su ponencia, Sandoval dio a conocer que aunque el estado de Guanajuato se posiciona como uno de los estados con menor impunidad, en casi la mitad de los delitos investigados, no se ejerce acción penal.

“Aunque el Gobierno del Estado establece que el informe `Hallazgos 2017´ de México Evalúa le da la razón, pues dice que es uno de los estados con menos impunidad a nivel nacional, hace trampa, porque del 100 por ciento de los casos que se inicia una investigación, (tan solo) 4 de cada 10 se determina el ejercicio de la no acción penal, en ese comparativo el Gobierno del Estado señala que es de los menos malos, pero los datos siguen siendo alarmantes, porque 4 de cada 10 casos han sido resueltos por la no acción penal”, explicó.

El también activista del colectivo #Fiscalíaquesirva consideró que de darse el nombramiento del actual procurador Carlos Zamarripa Aguirre como Fiscal General, el colectivo buscará impugnar por la vía legal los ordenamientos legales que permiten el pase directo.

“Sí creo es que podemos impugnar la ley, la Ley Orgánica o la Ley de la Fiscalía porque va en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y porque en el fondo están restándole todo carácter de autonomía a la elección del fiscal”, señaló.

Por su parte, el periodista y analista político Arnoldo Cuellar, presentó casos documentados de abusos por parte de personal de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría General de Justicia del Estado.

Cuellar se refirió al caso documentada por la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, en la que al menos una veintena de policías ministeriales torturaron a tres hombres para buscar inculparlos de la privación ilegal de la libertad de siete personas en Salamanca.

Así como el caso de un operativo implementado por el Grupo Especial de Reacción e Intervención de la PGJE en San Miguel de Allende, donde tres niños murieron y su padre fue detenido acusado de quitarles la vida.

Específicamente en éste, refirió que existen varias incongruencias en el actuar del cuerpo policíaco de elite además del más reciente, de diciembre del 2018, en el que un joven migrante murió también en San Miguel de Allende, después de presuntamente disparar en contra de oficiales del Grupo Táctico Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El periodista señaló que por estos casos, el pase automático de Zamarripa ni siquiera debería de considerarse.

En el foro también participaron expertos en ciencias forenses, como Lorena Rodríguez Dávila, quien en su ponencia señaló la re victimización que sufren las víctimas de un delito por parte de los operadores del sistema de justicia y el erróneo tratamiento del trabajo de peritos especializados.

Señaló que existen casos en los que se desecha la investigación por que la víctima minimiza los hechos o los cambia para protegerse e incluso oculta información por vergüenza, sobre todo en crímenes de índole sexual.

Por lo que consideró que es necesario que quienes intervienen en los casos desarrollen empatía y habilidades del tipo social  para deshacerse de la carga cultural que legitima la violencia.

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