GUANAJUATO,  Gto.– Apenas poco más del 15 por ciento de las denuncias penales que llegaron hasta los juzgados terminaron en sentencia en el 2018; la mayoría concluyó en un acuerdo, una salida alterna o conciliación.

La presidenta del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Claudia Barrera Rangel, precisó que de las 9 mil denuncias que se convirtieron en causas penales al ser admitidas por jueces, nada más mil 470 llegaron hasta desahogarse en audiencia de juicio y obtener una sentencia.

Este número representa el 16 por ciento de los delitos procesados judicialmente.

La presidenta del Supremo Tribunal señaló que en otros 3 mil 766 procesos o causas penales se manejó una salida alterna -con un convenio o una conciliación- mientras que 3 mil 764 siguen abiertos.

Respalda a jueces.

Tras el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que se denunciará legal y públicamente a jueces que dejen libre a un presunto delincuente con el argumento de un expediente mal integrado, Barrera Rangel dijo respaldar la honestidad de los jueces del estado.

“El Poder Judicial camina sobre la misma línea que nuestro señor gobernador nuestro señor presidente de la república: no toleramos la corrupción; nuestros jueces son gente probada y honesta y que cumple debidamente con su función”.

Recalcó que existe un órgano interno de control que le da seguimiento a quejas ciudadanas cobre el actuar de los juzgadores, pero en ningún caso por corrupción.

“Tenemos un consejo que es el encargado de vigilar la disciplina y capacitación en el Poder Judicial; a aquellas denuncias que hace la ciudadanía se les da el seguimiento correspondiente, pueden llegar a un extrañamiento o alguna sanción administrativas, pero corrupción no hay”

Mencionó el caso de una mujer detenida en el Edén en posesión de drogas, la cual fue liberada por no tener un debido proceso; días después fue arrestada otra vez en posesión de sustancias ilegales.

Con este ejemplo, Barrera Rangel aseveró que “el que apliquen la ley, no significa corrupción, significa seguridad jurídica a la ciudadanía”.

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