El gobierno de México anunció este miércoles su decisión de solicitar la extradición de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y de su esposa, Linda Cristina Pereyra, para que enfrenten en territorio nacional cargos por corrupción y lavado de dinero.
Esta medida se toma tras la condena de García Luna en una corte de Estados Unidos por su presunta vinculación con el narcotráfico. Aunque ya se encuentra en prisión, las autoridades mexicanas consideran esencial que enfrente los procesos judiciales pendientes en México.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, explicó que la condena en Estados Unidos no exime a García Luna de responder por delitos cometidos en México.
“El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición. Una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo y en ese momento se aplicaría la extradición”, precisó Gómez.
En una moción legal presentada ante la Corte de Circuito del Onceavo Distrito Judicial de Florida, los abogados de la UIF argumentaron que la incomparecencia de García Luna y Pereyra constituye una admisión tácita de los hechos que se les imputan, dentro de un proceso legal que comenzó en 2021.
Los representantes legales de México subrayaron que aún falta por procesar la totalidad de los recursos ilícitos obtenidos dentro del país y transferidos a los Estados Unidos mediante una red de contratos gubernamentales fraudulentos.
En el caso de Linda Cristina Pereyra, la UIF sostiene que formó parte de esta red de corrupción liderada por su esposo, y habría colaborado en el desvío de aproximadamente 745.9 millones de dólares. Por ello, también se ha solicitado su extradición inmediata.
Paralelamente, el gobierno mexicano mantiene una demanda civil en Florida para recuperar activos adquiridos con los fondos desviados, incluyendo propiedades ubicadas en Miami. Un tribunal estadounidense ya confirmó que México tiene derecho a proceder con dichas acciones legales.
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Otros implicados buscan acuerdos para evitar juicio
La UIF también informó que hay más personas involucradas en el caso García Luna, algunas de las cuales han iniciado negociaciones para evitar el juicio. Entre ellas, José Francisco Niembro González, exsubsecretario de Seguridad Pública, y su esposa, quienes aceptaron pagar 330 mil dólares como reparación del daño.
En tanto, los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, también señalados en la demanda, continúan en negociaciones con autoridades mexicanas.
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La jueza Lisa Walsh, a cargo del caso en Florida, ha instado a las partes a avanzar en el proceso, ya sea mediante acuerdos o en juicio. En caso de aprobarse la solicitud de México, se programará una audiencia para determinar el monto exacto de la reparación del daño y la devolución de bienes adquiridos con los recursos presuntamente ilícitos.
