SILAO, Gto.- La justicia federal emitió un fallo a favor de habitantes del Ejido de Nápoles, a quienes el gobierno del estado todavía les debe millones de pesos del pago de las indemnizaciones por las expropiaciones de tierras en la zona donde actualmente está el Puerto Interior de Guanajuato.

Con esto se reconoce una deuda que se negó durante los sexenios de los panistas Juan Manuel Oliva Ramírez y Miguel Márquez Márquez, y que ahora el de Diego Sinhue Rodríguez debe pagar.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito determinó que el gobierno del estado no pudo acreditar el pago total de las indemnizaciones que debió cubrir a ejidatarios de Nápoles, según los decretos expedidos entre 2005 y 2006, durante el sexenio presidencial de Vicente Fox Quesada.

El tribunal atendió un recurso de revisión por un fallo de la titular del Juzgado Noveno de Distrito, informaron los abogados representantes de ejidatarios en este conflicto, que incluye a varios de la zona en la que opera el Puerto Interior y el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, José Gerardo Arrache Murguía y Víctor Manuel Santos López.

Aunque la sentencia fue emitida el 24 de enero, los abogados acusaron al actual gobierno de Rodríguez Vallejo de incumplir con la orden de pagar, puesto que aunque se instruyó entregar cheques a ejidatarios, el recurso se entregó al Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) y se tuvo que interponer un nuevo recurso judicial para que se cumpla con lo especificado en la sentencia.

 

Según señalaron los abogados, los cheques que envió el gobierno estatal al FIFONAFE refieren conceptos distintos a la indemnización, como “apoyos para la construcción” y otros apoyos sociales similares.

“Esto podría configurar un desvío, valdría la pena que la Auditoría Superior de la Federación revisara estos pagos, puesto que son recursos federales con los que el estado tendría que cumplir con estos pagos”, señalaron los representantes legales de los ejidos.

Víctor Santos recordó que en el 2012, el gobierno del estado –que había reconocido un pago pendiente por este concepto de indemnizaciones- retiró el dinero que por este concepto tenía depositado en el FIFONAFE “con el argumento de que estaba dándose el cambio de administración estatal, pero ese dinero nunca regresó”.

Arrache y Santos dieron a conocer en el 2016 que en el caso del Puerto Interior, el adeudo por la expropiación no finiquitada de 400 hectáreas a los ejidos de El Salitrillo, Nápoles y Mezquite de Sotelo podría rebasar los 197 millones de pesos.

El ejido Colonias Nuevo México ya había peleado el finiquito pendiente desde 2006, y logró que en el 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, éste expidiera un decreto para actualizar los montos no pagados por la expropiación de un total de 77 hectáreas por las que el gobierno del estado había entregado 28 millones. Con ello, el estado debió cubrir una diferencia de 32 millones de pesos.

Los abogados defienden a ejidatarios de Puerto Interior
Los abogados defienden a ejidatarios de Puerto Interior

Los abogados han expuesto que el mismo pendiente se tiene con los otros ejidos impactados por el Puerto Interior, e incluso por el Aeropuerto Internacional, pues como ejemplo, a los ejidatarios les sigue llegando el cobro del impuesto predial por los terrenos donde se ubica el AIG “y lo siguen pagando”.

“Nos preguntamos qué pensarán los del Grupo Aeroportuario del Bajío sobre quién les paga el impuesto predial, son terrenos que en parte siguen siendo de los ejidatarios”, señaló el abogado Arrache Murguía.

Los abogados dijeron que “por fin” lograron esta primera sentencia de amparo, aunque es por uno de los ejidos y todavía falta concluir con los demás.

La resolución modificó la sentencia pronunciada el 9 de mayo de 2018 por la Jueza del Noveno Distrito, dentro del juicio de amparo 154/2018; “se establece que por la falta de pago, la justicia de la unión ampara y protege al ejido2.

Además de que enfrentan todavía dificultades para que se acate plenamente la sentencia, los pagos a ejidatarios deben ser actualizados a precios actuales y también se debe resolver cómo proceder en aquellos casos en que los ejidatarios han fallecido, como hay varios.

Del 2006 al 2019, fecha de la sentencia, debe hacerse una actualización de lo que corresponde pagarles.

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