GUANAJUATO, Gto.- El diputado perredista Isidoro Bazaldúa Lugo  presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, para aumentar el castigo del delito de abuso sexual en la entidad.

La iniciativa plantea para el delito de violación simple, un aumento en la pena máxima pasando de 15 a 17 años de prisión y de 150 a 170 día multa, mientras que en el caso de que la violación se cometa contra un menor o incapaz, la pena incrementa de 17 a 19 años de cárcel y de 170 a 190 días multa.

Explicó que para el delito de abuso sexual se busca incrementar la pena de 3 meses a 2 años de prisión en la mínima y de 1 a 5 años en la máxima, haciéndolo proporcional en la multa; cuando dicho delito se cometa en contra de un menor la pena pasará de los 6 meses a los 2 años de prisión y de 4 a 8 años, haciendo el respectivo en el ajuste de la multa; y si el abuso fuera cometido con uso de violencia, la pena será de 6 a 10 años de prisión y de 60 a 100 días multa.

“La iniciativa persigue que se acabe con los abusos en contra de la libertad sexual de las personas, que tienen en su mayoría como víctimas a niñas, niños y mujeres, se pugna porque se haga justicia y que aquellas personas que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos que obtengan como consecuencia de sus actos una punibilidad mayor a la hoy establecida en el Código Penal”, dijo.

El legislador refirió que, en el delito de abuso sexual, en el Código Penal para el Estado de Guanajuato se establece una punibilidad de 3 meses a un año de prisión, mientras que el promedio nacional de la pena se encuentra de los 2 a los 5 años de prisión.

Indicó que Guanajuato es el estado que establece una menor punibilidad a dicho delito en todo el país, al menos 8 entidades establecen penas por encima de la media nacional, mientras que Tamaulipas es el estado que maneja las penas más altas estableciendo de 6 a 10 años de prisión para quien cometa el delito de abuso sexual simple.

“Las víctimas de los delitos de violación y abuso sexual no deberían estar solas, el Estado está obligado a protegerlas. Aumentando las penas en los delitos contra la libertad sexual se tiene como objetivo desincentivar a los agresores, que sepan que al cometer uno de estos delitos se encontrarán con el rigor de la Ley y del Estado de Derecho, además esta iniciativa busca ser garante con las víctimas para que no tengan miedo de denunciar y tampoco lo tengan al saber que él o la responsable del delito no saldrá pronto de su proceso de reinserción”, agregó.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

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