GUANAJUATO, Gto.- Las patrullas de súper lujo que se entregaron a las Fuerzas de Seguridad Públicas del Estado “son solo para imagen y no benefician a la operatividad”.
Así lo consideró el presidente del comité estatal de Guanajuato del Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia, Alonso Villafaña, quien señaló que los autos de lujo decomisados a la delincuencia y que fueron presentados para integrarse al parque vehicular de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado “solamente sirven para dar una imagen de poder y no abonan a la operatividad de la corporación”.
En el aniversario 186 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presentó dos patrullas que en próximos meses se integrarán al parque vehicular.

Se trata de un Camaro y un Corvette, ambos autos de superlujo incautados a la delincuencia organizada y que pasaron a ser propiedad del estado por medio de la extinción de dominio.
Al respecto, Alonso Villafaña, también elemento de FSPE, consideró que son un lujo innecesario que no ayudará a la policía estatal, ya que no se podrían usar para cubrirse en caso de un enfrentamiento o de un percance vial.
“Se debe de considerar que un vehículo policial se va a utilizar para ser el parapeto del policía ya sea en un accidente vial, en un enfrentamiento, una campal, en una infinidad de situaciones”.

Además, dijo, “se debe de considerar que no va a ser eterno y tener uno de repuesto; un vehículo policial trabaja las 24 horas, no se para. Estos vehículos no van a dar eso, es la imagen nada más, para las redes sociales”.
Explicó que la falta de unidades se refleja en la situación laboral de sus compañeros, en el tiempo de relevo, y las unidades de lujo “no mejorarán esta situación”.
Además de que el propio modelo de las unidades les dificultará usarlos con el equipo policíaco, por sus medidas reducidas.
Hace un año, agentes de la policía procesal de las FSPE pararon sus labores para exigir mejor equipamiento y condiciones laborales y salariales, después de una ola de asesinatos de policías, que hasta ese momento había cobrado la vida de 16 elementos estatales y municipales.
El paro fue negado por la Secretaría de Seguridad Pública y se supo que los uniformados paristas fueron hostigados por sus superiores con arrestos administrativos, hasta ser obligados a renunciar.

 

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