En México se viven varias tragedias, y una de las más dolorosas se sintetiza en las dramáticas condiciones en que vive la niñez mexicana. En efecto, de acuerdo con los datos de la medición multidimensional de la pobreza, 2016, más del 52% de las niñas, niños y adolescentes vivían en condiciones de pobreza; y únicamente 19 de cada 100 tenía acceso a niveles de bienestar relativamente adecuados.

Por su parte, los datos del Módulo de Trabajo Infantil que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que en el país hay más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan, de los cuales, casi el 90% lo hace en actividades o en condiciones inapropiadas para su edad y que de hecho están prohibidas por la Ley.

Según el propio INEGI, los accidentes son la principal causa de muerte entre niñas y niños menores de 9 años; y en general, entre los 10 y los 17 años las principales causas de defunción son las accidentales y violentas, amén de las elevadas tasas de mortalidad infantil (casi 12 por cada mil nacidos vivos), así como una muy alta razón de mortalidad materna.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que del 2015 al mes de noviembre del 2018, fueron asesinados más de 2 mil 600 niñas, niños y adolescentes por disparo de arma de fuego, es decir, más de 600 por año.

¿Dónde está la voz de la Secretaría del Bienestar, más allá de la inercia de los programas que se vienen operando desde hace décadas?

Los datos del INEGI, SEP e INEE coinciden en señalar que hay más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes privados de su derecho a asistir a la escuela, esto sin considerar la inmensa cantidad de aquellos que aun asistiendo, reciben una educación de muy baja calidad, como ocurre lamentablemente en el sistema operado por el CONAFE y por sistemas de educación básica como las telesecundarias o el telebachillerato en el nivel de educación media-superior.

A pesar de que en 2014 se promulgó la Ley General para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que sus mandatos son claros, hasta ahora los avances que se han conseguido son limitados. Y muy desiguales si se consideran desde una perspectiva territorial, regional o vista a partir de los grupos de población como las niñas y niños indígenas o aquellos que viven con alguna discapacidad.

A lo largo de la campaña electoral poco o nada se le escuchó decir de forma consistente en esta materia al candidato López Obrador, y muy poco se le ha escuchado decir también en los primeros 45 días de su mandato al frente de la jefatura del Estado mexicano.

No debe olvidarse en este sentido que el artículo 4º constitucional contiene el Principio del Interés Superior de la Niñez, el cual implica que en todas las decisiones del Estado, léase bien, en todas, debe ponerse a las niñas y niños primero; por eso en la Ley general en la materia se estableció el derecho de prioridad.

Hay que recordar también que el Sistema Nacional para la Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) fue creado por mandato de Ley, con el propósito de articular lo que su nombre lo indica: un sistema que no solo tenga una presencia administrativa en todo el país, en los tres órdenes de gobierno, sino ante todo, la capacidad de coordinar y generar sumas positivas de recursos, capacidades e intervenciones para lograr la construcción de un país de plenos derechos para la niñez.

Preocupa por ello la ausencia de las niñas y los niños en el discurso del presidente; hasta hoy, debe insistirse, no se conoce ninguna propuesta del calibre que se requiere en nuestro país de parte ni del presidente ni de ninguna de las Secretarías u organismos responsables en la materia.

Por ello cabe preguntar, ¿dónde está la voz o propuesta para la garantía universal, integral y progresiva de los derechos de la niñez en la Secretaría de Gobernación, de la que depende el SIPINNA? ¿Dónde la voz de la Secretaría del Bienestar, más allá de la inercia de los programas que se vienen operando desde hace décadas? ¿Dónde está la ausentísima voz del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organismo por cierto cada vez más abandonado y desestructurado a pesar de la urgencia que tiene el país de su potenciación?

La propuesta de la Cuarta Transformación es poderosa por su intención histórica; pero puede resultar un fiasco si fracasa en los retos fundamentales que tiene un gobierno progresista.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha insistido en la urgencia de construir un país en el cual los derechos de todas las niñas y niños sean garantizados adecuadamente por el Estado. Y de hecho convocó a los candidatos a establecer durante la campaña, compromisos serios a favor de la infancia. López Obrador nunca hizo eco de ese llamado.

Ahora que es presidente de la República, y que ha recuperado su antiguo lema de campaña: “por el bien de todos, primero los pobres”, es de singular relevancia que todo su gobierno asuma que las niñas y los niños van primero; que México no puede seguir siendo el territorio atroz que es para millones de ellos; y que es momento de construir, de una vez por todas, un país apropiado para la niñez.

La propuesta de la Cuarta Transformación es poderosa por su intención histórica; pero puede resultar un fiasco si fracasa en los retos fundamentales que tiene un gobierno progresista, siendo uno de los primerísimos, lograr construir un presente de dignidad, felicidad y bienestar para la niñez. De eso dependerá la posibilidad de una nueva ciudadanía social que sustente y defienda un país de leyes, de honestidad y de bienestar para todos en el mediano y en el largo plazo.

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