Uno de los mayores problemas que enfrentará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es abatir la pobreza y atemperar la desigualdad. Son sus banderas de campaña desde hace 18 años, y en buena medida fue su denodado discurso a favor de las personas con menores recursos lo que lo llevó al triunfo en las urnas el pasado 2 de julio.

El discurso enarbolado durante la pasada campaña electoral respondió con enorme efectividad al hartazgo popular frente al dispendio y la ostentación con que se construyeron las últimas administraciones, tanto en lo federal como en lo local. De ahí que todo, en la lógica de la campaña, pasaba por el combate a la corrupción y la reducción de los altos sueldos que cobran las élites burocráticas.

Sin embargo a estas alturas es de suma relevancia para la república transitar del discurso de la campaña a la construcción de la propuesta efectiva de gobierno; que aún cuando deben ir de la mano, obedecen a una racionalidad diametralmente opuesta. La primera tenía como objetivo llegar a la presidencia; la segunda, la relativa a construcción de gobierno, debe tener como objetivo cumplir y hacer cumplir con el orden constitucional, lo cual, en el ámbito de lo social, implica nada menos que la garantía universal, integral y progresiva de los derechos humanos.

A estas alturas es de suma relevancia para la república transitar del discurso de la campaña a la construcción de la propuesta efectiva de gobierno

Es importante poner la discusión en contexto: entre 2012 y 2016 la reducción de la pobreza fue de 1.9 puntos porcentuales, es decir, pasó de 45.5% a 43.6% de la población nacional en situación de pobreza; sin embargo, en números absolutos, no hay variaciones significativas, pues se pasó de 53.3 millones de personas en pobreza en 2012 a 53.4 millones en el año 2016.

No debe olvidarse además que en 2016 hubo una fuerte discrepancia entre en Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por el operativo de campo para obtener los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, que es el principal insumo para la medición oficial de la pobreza, a través de su Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS).

¿Qué hacer entonces ante un escenario en el que la probabilidad apunta a una mayor proporción y cantidad de personas en pobreza?

Ahora bien, si se toma en cuenta que durante 2017 se vivió un intenso proceso inflacionario, y que si bien la inflación ha disminuido gradualmente en lo que va de 2018, los efectos de alza de precios en los ingresos de los más pobres y de las clases medias, podría haber generado un triple efecto:

1) un posible incremento en el porcentaje o número de personas en condición de pobreza;

2) un posible incremento en el porcentaje o número de personas en vulnerabilidad por carencia de acceso a derechos sociales, particularmente quienes son vulnerables por carencia de ingreso;

3) un posible incremento en la desigualdad, pues al deteriorarse el ingreso de las clases medias y de los deciles más bajos de ingreso, la brecha entre los hogares con ingresos más altos y los de los ingresos más bajos, pudo haberse ensanchado.

¿Qué hacer entonces ante un escenario en el que la probabilidad apunta a una mayor proporción y cantidad de personas en pobreza? Hasta ahora, el equipo de transición del presidente electo ha dado muy pocas pistas sobre cuál es la nueva propuesta de política de desarrollo social.

Sabemos, por ejemplo, que la Secretaría de Desarrollo Social cambiará su nombre al de Secretaría del Bienestar; sabemos también que cambiará de sede para irse a Oaxaca; y sabemos que su posible titular, María Luisa Albores, proviene del sector de la economía social y solidaria.

Hace apenas unos días, y de forma preocupante, se dio el anuncio de que el nuevo gobierno retomará la peregrina idea, planteada por el excandidato del PRI, José Antonio Meade, de ir “casa por casa” a preguntar cuáles son las necesidades de cada familia. Ejercicio que además de tener un costo dispendioso, resulta a todas luces inútil, sobre todo visto a la luz del mandato del artículo 1º constitucional.

López Obrador ha dicho que se recortarán los gastos superfluos y que los recursos ahorrados se invertirán en otros rubros, lo cual es de reconocerse como positivo. Pero gastar más en lo social no significa necesariamente gastar mejor ni tener un mayor impacto.

De acuerdo con datos del INEGI, el costo por habitante para levantar el censo del año 2010 fue de 55 pesos por persona; considerando que en aquella fecha había 112 millones de habitantes, el costo total del censo fue de un aproximado de 6,160 millones de pesos. Hoy somos 123 millones de personas, habitando en alrededor de 33 millones de viviendas. Así que, con el mismo costo del 2010, el censo que plantea el equipo de López Obrador podría costarnos 6,765 millones de pesos; y eso considerando que en su levantamiento deberían participar alrededor de 155 mil personas, para tenerlo listo en un plazo de varios meses.

Cambiar hacia otra lógica de intervenciones debe llevarse a cabo con base en un gradualismo acelerado.

Por el contrario, el equipo de transición ha dicho que este censo será levantado por 264 “coordinadores regionales”, es decir, a cada uno de ellos le correspondería censar, de manera promedio, a 125 mil viviendas. Si cada cuestionario tiene una duración de media hora, el promedio a levantar por día sería de 16 cuestionarios por cada uno de ellos; es decir, si dedican 8 horas al día al levantamiento de este censo, tendrían la capacidad cada uno de ellos de levantar por año 5,840 cuestionarios; es decir, necesitarían 21 años para completar la tarea encomendada.

Como se ve, esta medida es irrealizable, al menos como se ha presentado hasta ahora; y es de esperarse que en el equipo de transición ya lo hayan considerado, por lo que la única opción racionalmente viable sería recurrir al INEGI. Sin embargo, un censo de esa magnitud requiere planeación, y hacerlo llevaría al menos entre 6 meses y un año, a fin de diseñar apropiadamente cuestionarios, reclutar y capacitar a los encuestadores, supervisores, coordinadores y todo el equipo requerido para un ejercicio de esta magnitud.

Hacer las cosas como se venían haciendo es insostenible; el resultado ahí está a la vista: pobreza, marginación y desigualdad permanentes. Pero cambiar hacia otra lógica de intervenciones, debe llevarse a cabo con base en un gradualismo acelerado, como le ha llamado Mario Luis Fuentes, y partir de lo que ya tenemos. Encargar de la transformación a personas experimentadas a fin de garantizar que lo que habrá de ponerse en marcha es efectivamente mejor que lo que hoy opera.

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