En el sexenio de Miguel Márquez Márquez, un gobernador que prácticamente no tuvo crisis mediáticas y transitó su gobierno como el mandatario estatal mejor calificado en el país, Guanajuato sufrió dos transformaciones radicales: se convirtió en uno de los mayores paraísos del robo de combustible, como lo reflejan la cantidad de tomas localizadas y denunciadas; y elevó sus cifras de violencia homicida en un mil por ciento.

Miguel Márquez tuvo un gran éxito en deslindarse de ambas responsabilidades, como si gobernar un territorio no significara hacerse cargo de todo lo que ocurre en él para atenderlo o gestionar su atención en coordinación con otras instancias.

AIC

Parafernalia sin contenido, ni respeto a derechos humanos. Foto: Twitter.

El exmandatario disfrutó mucho la inauguración de obras realizadas con recursos federales y la atracción de nuevas empresas logradas con el concurso del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluso presumía una relación privilegiada con el presidente priista. Sin embargo, en el tema de la criminalidad fue consistente en su discurso: se trataba de una responsabilidad federal que excedía al estado.

Bajo ese paraguas declarativo ocultaron sus responsabilidades los funcionarios responsables de la seguridad: el secretario Alvar Cabeza de Vaca y el procurador Carlos Zamarripa Aguirre.

No puede haber una tarea de seguridad, en sus líneas de previsión y de persecución del delito, que pueda ser exitosa si renuncia a analizar el fenómeno criminógeno y solo se refugia en eludir responsabilidades por cuestiones formales.

Aunque el combate al robo de combustible a Pemex sigue siendo una atribución federal, el trasiego de drogas es una responsabilidad compartida con la justicia local, de acuerdo a la reforma a la Ley General de Salud de 2009, que plantea que los Estados están obligados a conocer, investigar y perseguir los delitos en esa materia.

Pero aparte de esos casos, los homicidios, cuyo crecimiento es verdaderamente monstruoso, constituyen un delito de absoluta incumbencia local, independientemente de las causas que los hayan originado.

Por ello, no se entiende que Carlos Zamarripa haya decidido alterar las estadísticas de la PGJE para tratar de hacer aparecer menos delitos que los reales, como se comprobó puntualmente en investigaciones periodísticas, y que además de ellos se haya intentado eludir el bulto sistemáticamente en cuanto a la responsabilidad local.

Entonces, tenemos a una Procuraduría de Justicia que elevó sus presupuestos de manera notable, que construyó edificios ostentosos y elevó sus sueldos, pero que no respondió con resultados y sí en cambio trató de justificar su fracaso con maniobras que en un régimen más estricto serían incluso materia de responsabilidad contra los servidores públicos involucrados.

Pero no es lo único. En las últimas semanas se ha conocido por lo menos una docena de recomendaciones de la tibia Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato que ya no ha podido hacerse de la vista gorda ante la sistemática violación de derechos humanos, las faltas al debido proceso y la negligencia con la que actúan las agencias del Ministerio Público y los agentes de investigación criminal de la Procuraduría de Guanajuato.

Algunos de esos expedientes revelan que la tortura aparece de nuevo como un procedimiento “normal” en los procedimientos de los agentes de investigación criminal que, pese a sus modernas instalaciones y su pretenciosa parafernalia, mantiene vicios de las corruptas policías del pasado priista.

Y en un caso que apenas se presentó en diciembre y que dará aún mucho de que hablar, el procurador Zamarripa ha sido evidenciado en el encubrimiento a los agentes de policía estatales que asesinaron a un joven migrante en San Miguel Allende, Leo Reyes, al que trataron de hacer pasar como iniciador de una agresión, sembrando elementos de prueba, en un modus operandi que aparece como sistemático en la actuación de los llamados cuerpos de élite de la Secretaría de Seguridad y al propia Procuraduría de Justicia.

Esa serie de hechos no ameritan comentario alguno de la legión de voceros con los que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez ha tratado de proteger el accionar de Zamarripa, ni de los diputados que atienden la consigna de validar a Zamarripa como el próximo Fiscal General.

Han dicho los legisladores que su “respaldo“ a Zamarripa no será “un cheque en blanco”. Sin embargo, ni siquiera hay que molestarse en esperar que esa afirmación quede desmentida en el futuro, puesto que la realidad actual la desmiente desde ya. Ningún diputado panista ha salido a hacer referencia de la muerto de Leo Reyes, tampoco a revisar las recomendaciones del Ombudsman que ellos mismos nombraron.

Frente a esa situación, la principal defensa que el gobernador esgrime cuando trata de justificar su respaldo a Zamarripa es que tiene “el visto bueno” del FBI y el gobierno de los Estados Unidos, además de cursos en esa agencia norteamericana. Por cierto, de eso no se ha hecho pública ningún tipo de documentación.

Sin embargo, resulta francamente provinciano que un aval indocumentado del gobierno norteamericano sea utilizado como justificación, por encima de la realidad que vivimos todos los días. Suena a venta de espejos, suena a complejo de inferioridad, suena a mentira flagrante y a ausencia absoluta de argumentos.

Me dicen, por otra parte, que Zamarripa en efecto hizo hace casi 20 años, cuando era agente del Ministerio Público, un curso de 110 días en Quantico, Virginia, en la academia de formación del FBI. Bien por él, pero hasta ahora los guanajuatenses no nos beneficiamos con lo que aprendió.

Y, después de nueve años en el cargo deberían ser los hechos y no los diplomas, los que hablen. A menos que el gobernador tenga razones que no quiere compartir con sus conciudadanos, quizá porque esa es su idea de gobierno: tratar a los gobernados como menores de edad.

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