En 1988, recién electo diputado federal en Ciudad de México, me encargaron Luis H. Álvarez y Maquío Clouthier elaborar propuesta de reforma político-electoral, parte de exigencias de democratización y legitimación al Presidente Salinas de Gortari, dada su ilegitimidad de origen.

En mayo de 1989 presenté en la Cámara de Diputados la iniciativa de código electoral que luego se tradujo en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). En esa iniciativa panista consigné que todo sistema electoral democrático debe producir tres funciones (estudiadas en código español de transición): representatividad, legitimidad y gobernabilidad o eficacia. (1) Por representatividad, lograr que quienes nos representen en órganos del estado de elección popular, conformen en legislativos y ayuntamientos la pluralidad o diversidad ajustada a su importancia real. (2) Por legitimidad de origen o adjetiva, asegurar que representantes se deban solo al voto popular obtenido en elecciones imparciales. Y (3) por gobernabilidad o eficacia, crear —o recrear— condiciones de conducción política del barco en que todos vamos, con prudencia política, procurando equilibrios y estabilidad internos, en medio de tensiones o complejidades actuales, para asegurar llegar a buen puerto y hacer cambio ordenado de tripulación a siguientes generaciones.

Tres funciones enmarcadas, además, en el principio de legalidad electoral que exige, aparte de consensos legitimadores entre participantes: (i) reglas claras del juego, (ii) aplicables a todos y (iii) definidas con anterioridad a cada proceso electoral. Pues bien, ahora el Presidente López Obrador pretende cambiar una de esas reglas del proceso electoral pasado para auto-aplicársela a destiempo. Iniciado período para el que fue electo, pide que a media travesía público ciudadano defina si cambia o no de conductor del país.

A esto equivale su iniciativa aprobada por diputados que incorpora figura de revocación del mandato, recién enviada al Senado, el cual esperamos rechace por graves inconvenientes para la conducción política del país ¿Qué implica? El Presidente pide que a los dos años y seis meses de su sexenio, en elecciones intermedias de junio del 2021, se entregue a ciudadanos, además de boletas para votar diputados y alcaldes, otras preguntando si queremos sigan o se vayan él y los gobernadores, no obstante haber sido electos por seis años.

Con ello se trastocaría el funcionamiento del sistema político al modificar la lógica del gobierno pues no solo destinarán más tiempo a más campañas para quedarse, descuidando bien gobernar y buscando solo ser populares, absteniéndose de adoptar las decisiones necesarias e impopulares que todo gobierno debe tomar para evitar males mayores, como cualquier madre sabe debe tomar en casa.

Y si resultado fuera revocatorio, por hipotético desplome de su popularidad, el Congreso de la Unión designará un presidente substituto que deberá concluir su período. Legisladores morenistas pelearán a morir para imponer entre Beatriz Gutiérrez, Ricardo Monreal, Martí Batres, Fernández Noroña, con solo el voto de mayoría absoluta, 315 legisladores, que tienen en cámaras. Ello trastocará la legitimidad de origen de quien eligió mayoría de pueblo; el pacto fue conductor designado por 6 años sin cambio a mitad del viaje.

En cualquier escenario afectarán la conducción política del país. Los mexicanos sobrevivientes a Echeverría, López Portillo, Salinas de Gortari y Zedillo padecimos decisiones tomadas a destiempo (después vinieron de otro tipo) que nos perjudicaron gravemente; evitemos otras más, como sería el desgaste de una campaña presidencial intermedia —que ayudará solo a Morena a repetir mayoría en Cámara de Diputados y en elecciones locales—, y da incentivos para reelección presidencial. Asegurémonos cambio ordenado de tripulación a tiempo.

 

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