La reciente denuncia pública de la alcaldesa de Silao, Melanie Murillo, sobre las irregularidades de la administración de su antecesor, Carlos García Villaseñor, ha encendido los focos rojos en la política local.
El cúmulo de señalamientos es alarmante: desde la desaparición de dos camionetas de lujo con un valor de 4 millones de pesos, hasta cuentas por cobrar por 11.7 millones que pudieron haberse utilizado para mejorar las comunidades.
A ello se suman deudas millonarias en servicios hospitalarios, pagos insuficientes para la recolección de basura y recursos marcados como pendientes en tesorería.
Es evidente que el reto para Melanie Murillo no solo radica en administrar las finanzas maltrechas que heredó, sino en demostrar que su gobierno es capaz de romper con el ciclo de corrupción que ha afectado a Silao.
Su discurso de ayer frente a los delegados rurales, donde se comprometió con la transparencia y con acciones claras, resulta alentador. Sin embargo, hay un elemento que no debe pasar desapercibido: estas denuncias no deben quedarse como un show mediático en el patio municipal.
Es fundamental que la alcaldesa respalde sus palabras con acciones legales contundentes. La Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación ya han documentado las irregularidades; ahora, la presidenta debe asegurarse de que estas evidencias lleguen a las instancias judiciales correspondientes.
Los responsables de estas transas, incluidos Carlos García Villaseñor, deben enfrentar las consecuencias legales. De lo contrario, la narrativa de corrupción quedará como una herramienta política y no como un acto de justicia para los ciudadanos de Silao.
Pero, además de las irregularidades heredadas, un episodio reciente dejó claro que no todos en el Ayuntamiento están dispuestos a ponerse del lado de la transparencia.
Durante la sesión en la que se expondrían las irregularidades de la administración pasada, los regidores de Morena, partido del exalcalde, abandonaron la sala. Lo sorprendente fue que también se les unieron los regidores Jesús Bolaños, del PVEM, y Francisco Chagoya, de Movimiento Ciudadano.
De los morenistas es comprensible, aunque lamentable, su salida: defienden el legado de su correligionario. Pero, ¿qué justificación tienen Bolaños y Chagoya? ¿Por qué evadieron su responsabilidad de representar al pueblo de Silao?
Particularmente, Francisco Chagoya debería dar una explicación convincente. Su campaña a la alcaldía fue un rotundo fracaso, en buena parte porque nunca denunció las irregularidades de Carlos García Villaseñor, lo que lleva a preguntarse si hubo un pacto entre ambos. ¿Fue esa falta de acción en campaña el precio de su lealtad?
Los regidores deben entender que ya no están frente a un Silao pasivo e ignorante. La ciudadanía exige rendición de cuentas y acciones concretas contra la corrupción. Su papel no es el de encubrir, sino el de fiscalizar, denunciar y sancionar cualquier desvío. La pasividad, y peor aún, la complicidad, los coloca en el lado equivocado de la historia.
Melanie Murillo tiene una oportunidad histórica de demostrar que su compromiso con la transparencia es real. Si lleva a los responsables de estas irregularidades ante la justicia, no solo consolidará su liderazgo, sino que enviará un mensaje contundente: en Silao, la impunidad ya no tiene cabida.
Por el bien de la ciudadanía, las acciones deben hablar más fuerte que las palabras.
