La alcaldesa de Silao, Melanie Murillo, enfrenta una de las crisis financieras más severas de los últimos años en el municipio: los laudos judiciales por despidos que, lejos de resolverse con el paso de las administraciones, se han convertido en una bola de nieve que amenaza con aplastar las finanzas públicas.
El problema no es nuevo ni exclusivo de la actual gestión. Desde la administración de Juan Antonio Morales Maciel, hace nueve años, Silao arrastra juicios laborales que no fueron atendidos en su momento. A estos se sumaron los despidos ocurridos durante los gobiernos de Toño Trejo y Carlos García, incrementando una deuda que hoy se estima en 70 millones de pesos. Esta cantidad representa un golpe devastador para un municipio con carencias evidentes en servicios públicos esenciales como seguridad, recolección de basura e infraestructura.
La irresponsabilidad de los anteriores alcaldes no solo fue la de despedir empleados sin apego a derecho, sino también la de ignorar las consecuencias legales de sus decisiones. No previeron ni presupuestaron con inteligencia, dejando que los juicios avanzaran hasta convertirse en sentencias firmes que ahora el Ayuntamiento debe pagar. En pocas palabras, hicieron política con el bolsillo ajeno y hoy, el bolsillo que sangra es el de los silaoenses.
Melanie Murillo ha declarado que su prioridad es atender las necesidades más urgentes del municipio, pero se encuentra con el dilema de destinar parte del presupuesto al pago de indemnizaciones millonarias. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo justificar ante la ciudadanía que el dinero que debería usarse para mejorar la seguridad o reparar calles se destine a saldar errores de gobiernos pasados?
Aquí es donde los legisladores locales deberían tomar cartas en el asunto. Silao cuenta con dos diputados que, en lugar de mantenerse al margen, tendrían que impulsar reformas para evitar que estos errores administrativos sigan drenando los recursos municipales. Una legislación clara y efectiva sobre despidos en gobiernos locales podría prevenir estos desfalcos y establecer mecanismos de responsabilidad para los funcionarios que, por negligencia u omisión, condenan a sus municipios a pagar deudas que no les corresponden.
La crisis de los laudos laborales en Silao es el reflejo de un problema más profundo: la falta de planeación y rendición de cuentas en la administración pública. Mientras no haya consecuencias para quienes toman decisiones sin prever el impacto financiero, los ciudadanos seguirán pagando los platos rotos. Hoy, 70 millones de pesos pesan sobre los contribuyentes, dinero que pudo haberse utilizado para mejorar la ciudad en lugar de tapar los errores del pasado.
Es momento de que la política deje de ser un juego de improvisación y pase a ser un ejercicio de responsabilidad. Porque si bien la alcaldesa Murillo enfrenta este problema hoy, mañana podría ser otro alcalde quien herede las consecuencias de la inacción.
