En 1993, al adoptar la Declaración y Programa de Acción de Viena, el Estado mexicano se comprometió a diseñar planes nacionales de acción para identificar las medidas adecuadas para mejorar el respeto, la promoción, protección y garantía de los derechos humanos. En este sentido, se vislumbró que, elaborar planes estatales de derechos humanos, ayudaría a que las personas puedan gozar y ejercer sus derechos humanos, así como a construir políticas públicas de forma coordinada y estructurada.
Este compromiso fue poco atendido durante varios años, hasta que vino la reforma constitucional del 2011 misma que obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, y por tanto, a construir una política de Estado en materia de derechos humanos.
En abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 (PNDH), instrumento rector de la política pública en la materia. Una de las principales líneas de acción del PNDH es fomentar la elaboración de programas de derechos humanos en estados y municipios.
La misma SEGOB propuso en 2015 los siguientes pasos para elaboración de programas estatales de derechos humanos:
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Instalación de una instancia estatal coordinadora entre los tres poderes y órganos autónomos.
2. Construcción de una red de Organizaciones de la Sociedad Civil que participen en el proceso.
3. Designación de presupuesto para el desarrollo del proceso. - Gestionar apoyo técnico calificado de instituciones y expertos en la materia.
- Elaboración de un diagnóstico que tome en cuenta la voz de la sociedad civil y las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
- Definición de contenidos que respondan al diagnóstico y sean transversales.
- Elaboración de indicadores y de un mecanismo de evaluación.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, complementó lo anterior enfatizando en que la calidad de los procesos de construcción de los programas estatales de derechos humanos importa tanto como su contenido mismo. Por tanto, es clave la participación y validación de la sociedad civil, tanto en el proceso de construcción del diagnóstico, como del programa de derechos humanos.
Hoy en día, la gran mayoría de los estados de la República cuentan ya con un diagnóstico y un programa estatal de derechos humanos. Sin embargo, llama poderosamente la atención que Guanajuato esté rezagado en este proceso y que, dicho sea de paso, tampoco se observe como una exigencia en la agenda inmediata de las organizaciones de sociedad civil, la Academia y los medios de comunicación.
Si bien, la consolidación de una política para Guanajuato en materia de derechos humanos corresponde a los tres Poderes del Estado y a los dos órdenes del Gobierno, hay dos instancias clave que por su mandato debieran facilitar su desarrollo: la Procuraduría de Derechos Humanos (PDHEG), en lo que a la parte diagnóstica se refiere, y la Secretaría de Gobierno del Estado, en su rol de articuladora de las políticas públicas estatales.
Si vemos el tema desde un prisma netamente político, se antoja difícil que entrado ya el último año del Gobierno actual, se vaya a apostar por cumplir con este compromiso. Sin embargo, no sería tampoco imposible si asumimos que el titular de la Secretaría de Gobierno es un gran conocedor de la situación y los compromisos pendientes en materia de derechos huamnos.
Sería también una oportunidad única para el actual Procurador de Derechos Humanos, para demostrar su compromiso decidido y sin titubeos con su mandato e investidura, a un año de haberla asumido. Sería la posibilidad idónea para identificar objetivos sustantivos y metas cualitativas que complementen su propio plan de trabajo planteado más en términos de gestión opoerativa.
Quizá el reto mayor descanse en que los temas de derechos humanos relacionados a la seguridad ciudadana, protección de niñez, así como los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales; tendrían que ser asumidos como prioritarios, pues nadie puede negar que la violencia generada por la inseguridad y la desigualdad en nuestro Estado están pasando una factura severa. Sin embargo, no actuar por considerar este reto como un riesgo, no sería más que una razón mezquina.
Para la ciudadanía guanajuatense, harta, como en todo el país, de los groseros espectáculos de la partidocracia, sería también una opción importante de plantear una agenda política y social distinta, bajo el paraguas de los derechos humanos.
No hay duda que Guanajuato antes que tanques, militares, campañas políticas y programas sociales cortoplacistas, requiere de una política de Estado en Derechos Humanos. Ojalá nuestras instituciones, gobernantes, medios de comunicación y la propia ciudadanía estemos a la altura para proponer, exigir y cumplir con esta necesidad amparada en un mandato constitucional y una meta específica del Plan Nacional de Derechos Humanos.
Por José Manuel Ramos Robles
Consultor Internacional Experto en Derechos Humanos
