El gobierno de Estados Unidos impondrá una tarifa adicional de al menos 250 dólares a todos los extranjeros que ingresen al país con visas de no inmigrante, como turistas, estudiantes o personas con visa de negocios. Esta medida, incluida en la nueva ley presupuestaria firmada por el presidente Donald Trump, se suma al costo ya establecido para el trámite de visado.
La nueva cuota, denominada oficialmente como “tarifa de integridad de visa”, busca reforzar las políticas migratorias de la administración Trump y será aplicada sin excepción. No habrá exenciones por bajos ingresos, y el pago será obligatorio al momento de la emisión de la visa, independientemente del país de origen del solicitante o el propósito del viaje.
Según el Departamento de Estado, en 2024 se emitieron cerca de 11 millones de visas de no inmigrante, lo que sugiere que la nueva medida afectará a millones de personas cada año. Aunque quienes cumplan con los términos de su visa y salgan del país de manera regular podrán solicitar un reembolso, no se han especificado aún los detalles del proceso ni los plazos para ello.
Un portavoz del Departamento de Estado explicó que el nuevo cobro busca “apoyar las prioridades migratorias del presidente”, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que esta tarifa podría reducir el déficit federal en 28,900 millones de dólares durante la próxima década. Además, el monto podrá ajustarse en función de la inflación, lo que implica que el costo podría incrementarse en los próximos años.
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La legislación también contempla aumentos en otras tarifas migratorias, incluyendo una nueva cuota de 100 dólares por solicitar asilo, más otra cuota de 100 dólares anuales mientras la solicitud permanezca pendiente. Esta es la primera vez que los solicitantes de asilo deben pagar por el trámite, lo que ha generado críticas entre organizaciones de derechos migratorios.
El Consejo Americano de Inmigración (AIC) advirtió que estas tarifas elevadas podrían representar un obstáculo serio para personas vulnerables, especialmente aquellas que huyen de situaciones extremas y no tienen medios para asumir los nuevos costos. En un comunicado, la organización denunció que estas medidas restringen el acceso justo a los procesos migratorios y desincentivan la migración legal.
