El diputado Ernesto Núñez Aguilar, representante del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Congreso una propuesta que podría cambiar el panorama legal sobre la falsificación de vínculos de paternidad. La iniciativa plantea sancionar penalmente a quienes atribuyan de manera deliberadamente falsa una relación de parentesco, en particular la paternidad, con el objetivo de obtener beneficios económicos o imponer responsabilidades legales indebidas.
El proyecto establece que esta conducta podría ser castigada con penas de uno a cinco años de prisión, así como con multas de hasta mil días de salario mínimo. Además de la sanción penal, la víctima del engaño tendría derecho a exigir la reparación del daño, lo que incluye la devolución de pagos realizados bajo un vínculo falso, como el cumplimiento de una pensión alimenticia que no correspondía.
De acuerdo con el documento presentado, incurriría en este delito quien registre a un menor como hijo de alguien que no es su padre biológico, o bien, quien utilice la existencia del menor para ocultar o transferir bienes, acceder a recursos económicos o forzar una relación legal inexistente. Este tipo de prácticas, explica la propuesta, puede tener graves consecuencias patrimoniales y emocionales para la persona afectada.
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La motivación de esta iniciativa surge de casos en los que hombres han asumido durante años la crianza de niños que no son sus hijos, sin haber tenido conocimiento real de la situación. Aunque la ley protege el interés superior de la niñez, Núñez Aguilar advierte que también debe contemplarse la posibilidad de que haya engaño o abuso legal contra el adulto, especialmente si la relación de paternidad fue construida sobre una base falsa.
En su exposición de motivos, el legislador citó un estudio internacional que reveló que, en promedio, uno de cada 50 hombres en Inglaterra criaba hijos que no eran biológicamente suyos, sin saberlo. Esta estadística fue utilizada para evidenciar que el problema no es aislado y que también podría estar ocurriendo en México, sin contar con una figura penal clara que lo sancione.
La propuesta busca equilibrar el marco legal, garantizando que los derechos de los menores se mantengan protegidos, pero también que quienes resulten víctimas de engaños en la paternidad no queden desamparados ante la ley.
