Organizaciones y padres de familia de Romita y Silao exigieron al Gobierno de Guanajuato información clara sobre el programa piloto En Buen Plan.
Señalaron que la administración estatal, encabezada por Libia Denisse García Muñoz Ledo, no ha presentado datos verificables sobre contenido, alcance, responsables y costos, lo que genera preocupación en sectores sociales y religiosos.
Ciudadanos promovieron un amparo por violación al derecho de petición, después de que la solicitud de transparencia presentada el 17 de julio no recibiera respuesta.
El requerimiento incluía el proyecto completo, convenios, criterios de selección de escuelas, recursos asignados e indicadores de evaluación.
Manuel Arroyo, de la Unión de Padres de Familia de Guanajuato, pidió suspender la implementación hasta garantizar una ruta clara de información pública y canales de diálogo con comunidades escolares.
Afirmó que ninguna iniciativa educativa debe imponerse sin respeto a los derechos de los padres y sin salvaguardas contra agendas ideológicas.
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Fátima Ávila, del Frente Nacional por la Familia, denunció que el programa se diseñó sin participación de padres ni especialistas, lo que resultó en un enfoque sesgado. Añadió que la educación sexual debe ajustarse a la edad y desarrollo de los menores, buscando formación integral y no adoctrinamiento.
Uriel Esqueda, de Actívate, llamó a promover una educación sexual que respete la dignidad humana de niñas y niños. Señaló que la opacidad del proceso vulnera la legalidad y envía un mal mensaje de gobernanza.
Leonardo Alvarado Zamudio, de Abogados Cristianos, acusó que el programa favorece intereses políticos e ideológicos ajenos a los valores familiares. Recordó que la Ley General de Educación contempla la participación de padres en decisiones escolares, por lo que demandó apego a la normativa.
Los colectivos insistieron en que su demanda no busca frenar iniciativas educativas, sino garantizar transparencia, legalidad y respeto a la participación ciudadana.
