En sesión de la Diputación Permanente, el grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal y endurecer las sanciones contra la cobranza extrajudicial ilícita.
El diputado Alejandro Arias Ávila expuso que la delincuencia organizada diversificó actividades y prácticas, incluyendo la violencia e intimidación mediante esquemas conocidos como préstamos “gota a gota”, destinados principalmente a sectores populares vulnerables.
Estos préstamos se otorgan con pocos requisitos, pero los intereses diarios o semanales los vuelven impagables. Quienes incumplen enfrentan hostigamientos violentos de las organizaciones criminales para exigir pagos inmediatos.
El legislador señaló que esta práctica se ha extendido como un “cáncer social” en varias zonas del estado y afecta principalmente a familias sin acceso al sistema bancario.
Arias Ávila explicó que la propuesta ya se había presentado en legislaturas anteriores, pero ahora buscan insistir para que se castigue con mayor severidad esta práctica ilícita.
Subrayó la urgencia de incrementar las sanciones, planteando penas más duras de prisión y multas económicas, además de castigar con más rigor cuando participen servidores públicos.
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El diputado denunció que existen policías coludidos con grupos criminales, quienes facilitan o ejecutan los cobros indebidos, lo que agrava la situación y erosiona la confianza ciudadana.
La iniciativa propone de tres a seis años de cárcel y de veinte a sesenta días multa para quienes realicen cobros extrajudiciales ilegales en Guanajuato.
Cuando intervenga un servidor público, las penas de prisión se incrementarán en dos tercios y se impondrá destitución e inhabilitación para ocupar cargos durante el mismo periodo.
El proyecto legislativo fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, donde se discutirá su viabilidad antes de someterlo al Pleno para aprobación.
