El memorial para las víctimas de las fosas clandestinas de Salvatierra está más cerca de concretarse, aseguró el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.
El funcionario explicó que el fallecimiento de la propietaria del terreno obligó a realizar un juicio sucesorio que retrasó considerablemente los trámites para adquirirlo.
Ahora, las autoridades preparan la firma de la escritura, requisito indispensable para disponer legalmente del predio y avanzar hacia la construcción del esperado memorial.
Jiménez Lona destacó la participación de la Universidad Iberoamericana en el diseño del proyecto, que incorporará propuestas de los colectivos de búsqueda de personas.
“Lo que nos han pedido los colectivos es que sea un tema de vida por vida, la verdad es que es un proyecto muy bonito, lo vamos a estar recibiendo en próximos días”.
La propuesta pretende convertir el espacio en un lugar de memoria y apoyo para familias que esperan conocer el destino de sus seres queridos.
El secretario reconoció que las gestiones legales detuvieron el proyecto, aunque sostuvo que el nuevo avance permitirá definir los siguientes pasos para su ejecución.
En materia de justicia, destacó la sentencia contra un responsable del caso de la maestra Lupita, víctima de desaparición en el municipio de Salvatierra.
Para el funcionario, las condenas representan un mensaje a las familias que durante años han exigido respuestas sobre las desapariciones y la violencia en Guanajuato.
“Hoy es un compromiso fundamental, así lo ha pedido la gobernadora, repito, esta sentencia es ejemplar, es una sentencia que marca el rumbo de la justicia y sobre todo de que las víctimas pues son escuchadas y son atendidas”.
También recordó que el condenado enfrenta procesos por hechos violentos y que las autoridades le atribuyen múltiples homicidios, además del caso de la maestra.
Sin embargo, los padres de Lupita permanecen desplazados fuera de Guanajuato, pues todavía no existen condiciones de seguridad suficientes para garantizar plenamente su regreso.
Jiménez Lona prometió mantener el apoyo institucional y establecer vínculos cuando disminuyan los riesgos, sin comprometer la integridad de todas las familias directamente afectadas.
Entre la construcción del memorial y las sentencias judiciales, los colectivos mantienen su exigencia central: verdad, justicia y garantías para todas las familias afectadas.
