Asociaciones civiles expresaron su inconformidad con los resultados de la convocatoria Tocando Corazones 2025, al considerar inequitativa la distribución del recurso público destinado.
Las organizaciones señalaron que más de 200 proyectos participaron, la mayoría enfocados en infancias y adolescencias, pero los montos asignados resultaron insuficientes frente a la magnitud de los problemas sociales.
“Nos preocupa que los proyectos estén tan pequeños cuando los problemas son grandes, sobre todo desapariciones, reclutamiento infantil y salud mental”, expresó Erika Flores Terrones, directora de la Asociación Editras (Educación Integral para la Transformación Social).
La activista detalló que solicitaron 4.2 millones de pesos para intervenir en 20 colonias vulnerables de León, pero únicamente recibieron autorización por 1.3 millones.
Explicó que el recurso otorgado resulta inoperable, pues fue etiquetado principalmente para papelería, sin incluir necesidades básicas como vehículos para trasladar equipos hacia comunidades periféricas y rurales.
“¿Cómo vamos a llegar a colonias como Las Joyas o Medina sin vehículos? No podemos cumplir metas si los apoyos no responden a realidades”, cuestionó.
Flores Terrones subrayó que el proyecto buscaba instalar consejos consultivos infantiles y redes ciudadanas en derechos humanos, con impacto directo en mil 800 niños, además de beneficios indirectos.
Las asociaciones demandaron mayor transparencia, ya que desconocen los criterios del consejo evaluador integrado por 60 personas, cuyos nombres y currículums no fueron publicados, lo que genera desconfianza.
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“Queremos mesas de diálogo colectivas con expertos, académicos y ciudadanía, no reuniones individuales sin derecho a réplica. La convocatoria debe ser democrática y priorizar causas sociales”, enfatizó.
La Procuraduría solicitó a las organizaciones enviar observaciones por escrito y ofreció seguimiento en tres días, aunque aclaró que los resultados son irrevocables, lo cual limita posibilidades de corrección.
Representantes coincidieron en que existe un riesgo real de retroceso en derechos humanos si disminuyen apoyos, pues varias asociaciones podrían desaparecer al no poder operar adecuadamente.
