
El Congreso del Estado de Guanajuato inició el análisis de una iniciativa que busca tipificar el acoso sexual como una falta administrativa grave cometida por servidores públicos. La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que este martes aprobó la metodología de estudio.
Como parte del proceso legislativo, la iniciativa será enviada al Poder Judicial, la Consejería Jurídica del Ejecutivo, la Secretaría de las Mujeres, los organismos autónomos y los 46 ayuntamientos del estado. Estas instancias contarán con 20 días hábiles para emitir sus observaciones y comentarios.
Además, el Instituto de Investigaciones Legislativas elaborará un estudio especializado sobre el tema. También se habilitará un espacio en el sitio web del Congreso para la consulta y participación ciudadana, y se llevará a cabo una mesa de trabajo con expertos.
Durante la misma sesión, la comisión dio cuenta de la minuta remitida por la Cámara de Diputados federal sobre una reforma constitucional que plantea modificaciones en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional.
Asimismo, se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece que las personas diputadas quedarán suspendidas de sus derechos y obligaciones parlamentarias cuando exista una imposibilidad jurídica determinada por una autoridad competente mediante resolución firme.
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El diputado Rodrigo González Zaragoza señaló que la propuesta busca eliminar ambigüedades legales y dejar claro el procedimiento en caso de inhabilitación de legisladores.
En la sesión participaron las diputadas Susana Bermúdez Cano, Rocío Cervantes Barba, María Eugenia García Oliveros, María Isabel Ortiz Mantilla y los diputados Juan Carlos Romero Hicks, Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza.




