El Congreso del Estado de Chiapas aprobó una nueva ley que garantiza a niñas y adolescentes víctimas de violación el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo en hospitales públicos, con el objetivo de atender la grave problemática de embarazos infantiles y adolescentes en la entidad.
Con esta medida, las instituciones del Sistema Estatal de Salud deberán ofrecer el procedimiento de manera segura, gratuita y con calidad médica, además de informar de inmediato a las autoridades competentes para la investigación de los delitos asociados.
Durante la sesión donde se avaló la iniciativa, las y los legisladores coincidieron en que el embarazo infantil es consecuencia de la violencia sexual y no una elección. En el boletín oficial se destacó que las menores deben ser atendidas bajo principios de dignidad, igualdad y perspectiva de género, evitando su criminalización y priorizando el interés superior de la niñez.
La propuesta fue aprobada con 31 votos a favor, mientras que dos diputados votaron en contra, hubo dos abstenciones y cinco ausencias, en una sesión encabezada por la diputada Alejandra Gómez Mendoza.
De acuerdo con el Inegi, Chiapas ocupa el primer lugar nacional en embarazos infantiles y el segundo en embarazos adolescentes. En promedio, se registran más de mil partos al año en niñas menores de 15 años, lo que equivale a al menos un embarazo infantil diario en el estado.
La diputada Marcela Castillo recordó en tribuna que entre enero y agosto de 2025 los delitos de pederastia, violación y estupro contra menores aumentaron 12 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023. “El embarazo infantil no es una elección, es la consecuencia de un delito”, enfatizó.
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La Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes establece que la decisión debe ser libre e informada, con perspectiva de género y sin sanciones legales. También contempla la capacitación del personal médico y la creación de protocolos de atención diferenciada, especialmente en comunidades indígenas y rurales, donde las barreras lingüísticas y la pobreza dificultan el acceso a la salud.
La Secretaría de Salud de Chiapas tendrá 180 días hábiles para publicar el reglamento que asegure la aplicación efectiva de esta ley en todo el sistema estatal, con el fin de que ninguna menor víctima de abuso sea obligada a continuar con un embarazo producto de la violencia.
