El Gobierno Federal puso en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia de seguridad que contempla el despliegue de más de 10 mil elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en todo el estado, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
Este lunes comenzó la llegada de los primeros contingentes militares a la XXI Zona Militar en Morelia, donde el general Juan Bravo Velázquez exhortó a las tropas a extremar precauciones ante la creciente violencia y la fuerte capacidad de fuego del crimen organizado en la región.
Según el mando castrense, en total arribarán 1,980 agentes adicionales, quienes se sumarán a los 4,386 elementos que ya operan en Michoacán y a 4,140 más que serán reubicados en zonas limítrofes con Jalisco y Guerrero, alcanzando así una fuerza combinada de 10,506 efectivos que reforzarán principalmente los municipios de Uruapan y Apatzingán, considerados puntos críticos de inseguridad.
A este operativo también se integran 1,781 marinos, encargados de patrullar la franja costera del océano Pacífico, con presencia en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, donde las autoridades buscan cerrar rutas de tráfico ilícito y reforzar la vigilancia marítima.
El despliegue es una respuesta directa al asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre, cuando un joven de 17 años le disparó seis veces con una pistola calibre .9 milímetros. El agresor fue abatido por escoltas del edil, y según las investigaciones, el crimen estaría ligado a la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios.
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En tanto, el municipio de Apatzingán también reforzó su seguridad tras el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, asesinado el 19 de octubre presuntamente por órdenes de César “El Botox” Sepúlveda Arellano, líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.
Con este nuevo operativo, Michoacán se convierte en uno de los estados con mayor presencia militar del país, en un intento por contener la ola de violencia que ha golpeado a autoridades locales, productores y comunidades enteras en la región de Tierra Caliente.
