Agricultores de distintos municipios de Guanajuato alzaron la voz contra la Ley General de Aguas propuesta por el gobierno federal, al considerar que la iniciativa limita su patrimonio y vulnera derechos adquiridos por generaciones. Además, denunciaron que el precio del maíz continúa desplomándose, situación que ha afectado de manera directa al campo guanajuatense.
En coordinación con productores y transportistas del resto del país, el sector agrícola del estado participó en una jornada nacional de manifestaciones, donde también exigieron mayor seguridad en las autopistas y precios justos para los granos.
Los inconformes señalaron que el acuerdo federal no se está cumpliendo y que la crisis del maíz se agrava cada semana.
El vocero del Movimiento Agropecuario de Guanajuato (MAG), Mauricio Pérez Cabrera, explicó que la protesta se mantiene pacífica y que su único objetivo es que el Gobierno de la República escuche sus peticiones.
Detalló que, por decisión del movimiento, no se realizarán nuevos bloqueos, y que hasta el 25 de noviembre únicamente permanecía cerrada la carretera federal 90 en el tramo Pénjamo–Santa Ana Pacueco, a la altura de Laguna Larga de Cortés.
Pérez Cabrera puntualizó que el MAG apostará por el diálogo, aunque advirtió que otras organizaciones podrían continuar con cierres sin que el movimiento estatal tenga injerencia.
Afirmó que su prioridad inmediata es reunirse con autoridades federales para discutir el manejo del agua, punto que calificó como “el corazón del problema” para el campo.
El representante destacó que la incertidumbre sobre la votación de la iniciativa mantiene vivas las movilizaciones. Señaló que el bloque Guanajuato evaluará en los próximos días qué acciones seguir, pues el sector “no dará un paso atrás mientras la ley mantenga disposiciones que afecten al productor”.
Entre los aspectos más críticos, Pérez Cabrera señaló que el proyecto plantea eliminar la posibilidad de heredar, vender o transferir derechos de agua, lo que afectaría directamente el patrimonio de miles de familias.
También cuestionó que los permisos de riego pudieran otorgarse solo por periodos anuales o bianuales, quedando sujetos a renovación según lo decida la autoridad federal.
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A la par, los agricultores insistieron en que el precio del maíz sigue en caída, pese a que el gobierno federal anunció un precio piso de 5 mil 200 pesos por tonelada, cifra que los compradores no están respetando. Indicaron que esta situación es insostenible para el campo y que urge una intervención directa de la Federación.
Durante la tarde, continuaron las conversaciones entre productores, representantes del transporte de carga, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura del gobierno de Claudia Sheinbaum, con el propósito de establecer acuerdos que respondan a las demandas del sector agrícola de Guanajuato.
