
Autoridades federales lograron la detención de seis hombres en Colima, señalados por su posible participación en la explosión de una camioneta cargada con artefactos explosivos que el pasado 6 de diciembre dejó seis personas muertas en el municipio de Coahuayana, Michoacán, de acuerdo con información difundida en el programa Aristegui en Vivo.
La captura se concretó tras un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en la comunidad de Chamila, en el municipio de Ixtlahuacán, una zona ubicada en la frontera entre Colima y Michoacán, considerada estratégica por grupos delictivos que operan en la región.
Durante el despliegue de seguridad, las fuerzas federales detectaron y desmantelaron un campamento clandestino presuntamente utilizado para el adiestramiento de una célula criminal, donde fueron aseguradas armas de fuego, municiones, droga, equipo táctico y diverso material empleado en actividades ilícitas.
La Fiscalía del Estado de Colima informó que las investigaciones siguen en curso para confirmar si los detenidos tuvieron una participación directa en el atentado ocurrido en Coahuayana, donde una camioneta con explosivos fue activada frente a la comandancia de la Policía Comunitaria.
De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, el vehículo habría ingresado a la zona por la carretera federal que conecta Colima con el puerto de Lázaro Cárdenas, transportando los explosivos ocultos entre cargamentos de plátano, antes de ser colocado en la plaza principal del municipio.
La detonación ocurrió cerca del mediodía del 6 de diciembre, generando una fuerte onda expansiva que provocó daños en edificios públicos, vehículos y viviendas, además de causar la muerte de seis personas, entre ellas el conductor de la unidad y varios civiles.
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Posteriormente, se confirmó que la mayoría de las víctimas mortales eran policías comunitarios, quienes se encontraban en las inmediaciones al momento de la explosión, uno de los ataques más violentos registrados recientemente en la región costera de Michoacán.
En un inicio, la Fiscalía General de la República calificó el hecho como un “acto terrorista”; sin embargo, más tarde modificó su postura y determinó que se trató de un episodio de violencia vinculada a la delincuencia organizada, en el que se utilizaron explosivos de alto poder.



