El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Guanajuato, Ricardo Ferro Baeza, aseguró que la autopista Silao–San Miguel de Allende representa un proyecto con sobrecosto, falta de transparencia y beneficios limitados frente a lo que se ha prometido públicamente.
Tras un análisis técnico, el legislador señaló que, de acuerdo con su capacidad real medida en kilómetro–carril, la nueva autopista tendría un costo aproximado de 51.78 millones de pesos por km-carril, cifra que prácticamente duplica el costo del bulevar La Libertad Dolores Hidalgo–San Miguel de Allende, que rondó los 27.01 millones por km-carril. Afirmó que, pese al mayor costo, la vialidad proyectada contempla únicamente dos carriles totales y no incluye ciclovías, caminos laterales ni iluminación urbana.
Ferro también cuestionó que la obra no llegará directamente a la ciudad de San Miguel de Allende, sino que concluirá a casi 20 kilómetros del acceso urbano y turístico, lo que —dijo— contradice la denominación oficial del proyecto y las expectativas generadas en la población. Sostuvo que presentar la obra como una conexión directa entre Silao y San Miguel de Allende podría constituir un engaño sobre sus alcances reales.
El legislador explicó que para financiar la nueva autopista, el gobierno estatal concesionó la autopista Silao–Guanajuato a una empresa privada por un periodo de 30 años, pese a que este activo público generaba ingresos estimados en alrededor de 245 millones de pesos anuales. Detalló que entre 2022 y 2024 se proyectaron ingresos cercanos a 737 millones de pesos, por lo que consideró que no existen razones claras que justifiquen la cesión de ese patrimonio.
Además, puso en duda el argumento de falta de liquidez, al señalar que al momento de otorgar la concesión el Estado disponía de más de 30 mil millones de pesos en bancos y recursos adicionales en inversiones que generaban intereses.
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El coordinador morenista indicó que el proceso licitatorio también presenta señales de falta de competencia efectiva y cuestionó que, a un año y medio de haberse adjudicado la concesión, no existan avances visibles en la construcción, lo que incrementa la incertidumbre ciudadana.
Por ello, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a instruir a la Secretaría de Obra Pública a remitir al Congreso el trazo definitivo de la autopista, el proyecto ejecutivo completo, el título de concesión con todos sus anexos y un informe detallado sobre avances físicos y financieros, así como plazos de cumplimiento.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su análisis y dictamen.
