Los propietarios y representantes legales de la aerolínea Magnicharters no han podido ser localizados por autoridades federales, luego de la suspensión repentina de sus operaciones y el adeudo superior a 150 millones de pesos que enfrenta la empresa.
Dependencias como la Agencia Federal de Aviación Civil y la Procuraduría Federal del Consumidor mantienen la búsqueda de los responsables, quienes no han respondido por las afectaciones generadas a pasajeros y agencias de viaje.
La crisis se detonó el pasado fin de semana, cuando la aerolínea dejó de operar sin previo aviso, provocando que decenas de usuarios quedaran varados y sin soluciones inmediatas para sus traslados.
Ante esta situación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes determinó suspender de manera temporal el certificado de operador aéreo de la compañía, como medida preventiva.
Las autoridades advirtieron que, en caso de que la empresa no cumpla con sus obligaciones, podría perder definitivamente su permiso para volar en el país.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas y Aeronáuticas informó que la aerolínea se encuentra en condición de quiebra, lo que complica aún más la posibilidad de que responda por los adeudos.
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Pese al escenario, la empresa aseguró en un comunicado que busca atender la situación, al señalar que durante sus más de 30 años de servicio operó bajo estándares de calidad y seguridad, aunque reconoció el impacto generado entre sus clientes.
El caso ha generado incertidumbre entre usuarios y socios comerciales, mientras continúan las acciones legales y administrativas para deslindar responsabilidades.
