Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indican que, hasta abril de 2025, al menos 67 personas de la comunidad LGBTIQ+ continúan sin ser localizadas en el país.
Las cifras han encendido las alertas entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advierten sobre un subregistro y deficiencias en la búsqueda e investigación de estos casos.
El informe Desapariciones en México, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que la población LGBTIQ+ continúa siendo uno de los grupos más vulnerables a la violencia y la desaparición en el país.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 2012 se han reportado 170 casos de desapariciones de personas LGBTIQ+.
De ese total, 103 personas fueron localizadas, de las cuales 91 fueron encontradas con vida y 12 sin vida. Sin embargo, otras 67 personas siguen desaparecidas.
Familias temen que los casos no sean investigados
La preocupación de los familiares quedó reflejada en el testimonio de Joanna Alvear, madre de Lilith Saori Arreola Alvear, una mujer trans desaparecida el 31 de diciembre de 2022.
La madre expresó su temor de que la búsqueda de su hija no reciba la misma atención debido a su identidad de género.
Este sentimiento es compartido por otras familias y organizaciones que denuncian que las desapariciones de personas LGBTIQ+ no siempre reciben un tratamiento adecuado por parte de las autoridades.
La Fundación Arcoíris advirtió que existe un importante subregistro en las cifras oficiales y señaló que muchos casos no son identificados correctamente debido a la falta de información sobre orientación sexual o identidad de género en los registros.
¿En qué estados se concentran las desapariciones?
El informe de la CIDH documentó que el 40 por ciento de las desapariciones se concentra en cinco entidades del país.
Entre los estados con más casos se encuentra Zacatecas, con siete desapariciones; la Ciudad de México y San Luis Potosí, con seis casos cada una.
Además, Nuevo León y Michoacán registran cinco casos cada uno, mientras que Baja California acumula cuatro.
Por otra parte, Jalisco reporta tres casos; Aguascalientes y Guerrero, dos cada uno; e Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas registran un caso por entidad.
La CIDH recibió información sobre 43 desapariciones documentadas entre noviembre de 2017 y junio de 2024.
De las víctimas, 18 corresponden a mujeres trans, 18 a hombres trans y siete a personas cuya identidad de género no fue precisada.
El promedio de edad de las víctimas es de 29 años.
Persisten obstáculos en las investigaciones
Organizaciones como I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos han documentado que persisten obstáculos para presentar denuncias, especialmente cuando los familiares que buscan a las víctimas no tienen un vínculo consanguíneo.
También se han denunciado prácticas no uniformes respecto al reconocimiento de la identidad de género de las personas desaparecidas.
Aunque el Estado mexicano sostiene que aplica un enfoque de género en estos casos, la CIDH considera que aún existen retos importantes para garantizar investigaciones adecuadas y libres de estereotipos.
El organismo internacional advirtió que las personas LGBTIQ+ privadas de la libertad enfrentan un riesgo agravado de sufrir violaciones a sus derechos humanos, especialmente cuando la agresión está relacionada con su orientación sexual o identidad de género.
Marcha LGBT recordará a las personas desaparecidas
Durante la Marcha LGBT en la Ciudad de México, los organizadores anunciaron la realización de un “Tramo del Silencio” para honrar a las víctimas de crímenes de odio y desapariciones.
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El recorrido se realizará entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Antimonumento de los 43.
La actividad busca recordar a las personas de la diversidad sexual que permanecen desaparecidas y acompañar a las familias que continúan su búsqueda.
Finalmente, colectivos y organismos de derechos humanos insistieron en que las desapariciones de personas LGBTIQ+ deben investigarse con perspectiva de género, sin discriminación y con protocolos que garanticen verdad y justicia para las víctimas y sus familias.
