El caso de huachicol que involucra al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, entró en una nueva etapa luego de que él y otras siete personas permanecen bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en espera de la audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputarles delitos de lavado de dinero y violaciones a la Ley de Hidrocarburos.
De acuerdo con información de autoridades federales, el exmandatario estatal permanece en instalaciones de la FEMDO, en la Ciudad de México, donde un juez federal deberá autorizar la celebración de la audiencia en la que el Ministerio Público Federal presentará formalmente las acusaciones.
La investigación señala que los imputados habrían participado en un esquema relacionado con el contrabando de gasolina y diésel desde Estados Unidos hacia México, utilizando documentación presuntamente falsa para ocultar la verdadera naturaleza de los cargamentos.
El caso de huachicol suma ocho detenidos
Autoridades federales informaron que, entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron seis detenciones adicionales.
Entre las personas capturadas se encuentran varios presuntos integrantes de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), quienes también son investigados por su posible participación en la red de contrabando.
Con estas acciones, el caso de huachicol acumula ocho personas detenidas, entre ellas Ernesto Ruffo Appel y Ricardo Thompson Navarro, identificado como accionista de la empresa Ingemar.
Las capturas de Ruffo Appel y Thompson Navarro ocurrieron durante un operativo realizado en Ensenada, Baja California, como parte de las acciones emprendidas por las autoridades federales para desarticular la presunta organización.
Investigación comenzó con un millonario aseguramiento
Las investigaciones que dieron origen al caso de huachicol comenzaron en abril de 2025, cuando autoridades federales aseguraron 15 millones de litros de hidrocarburos transportados en carrostanques ferroviarios.
El decomiso se realizó en patios ferroviarios ubicados en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, y fue considerado uno de los aseguramientos más importantes relacionados con el tráfico ilegal de combustibles.
Según la FGR, la empresa Ingemar fue identificada como una de las siete compañías presuntamente utilizadas para introducir combustible de manera irregular al país mediante el sistema ferroviario.
A partir de ese hallazgo, las autoridades ampliaron las investigaciones para identificar a las personas y empresas que habrían participado en la operación de la red.
Así operaba la presunta red
Las indagatorias señalan que los integrantes de la organización declaraban ante las autoridades aduaneras que importaban aditivos, aceites u otros productos, cuando en realidad los cargamentos contenían gasolina o diésel.
Además, los documentos presentados reportaban cantidades inferiores a las realmente transportadas, lo que presuntamente permitía ocultar millones de litros de combustible y reducir el pago de contribuciones.
De acuerdo con la información obtenida por la FGR, una vez que el hidrocarburo ingresaba a territorio nacional era distribuido en diferentes estaciones de servicio y puntos de comercialización.
Por otra parte, las autoridades continúan analizando documentación financiera y registros comerciales para determinar el alcance de las operaciones y la posible responsabilidad de otros involucrados.
Esperan audiencia ante un juez federal
En las próximas horas, un juez federal deberá definir la fecha para la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público Federal formulará las imputaciones por lavado de dinero y delitos en materia de hidrocarburos.
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Durante esa diligencia también se determinarán las medidas cautelares y el rumbo que seguirá el proceso penal contra los detenidos.
Finalmente, la FGR mantiene abiertas las investigaciones para establecer si existen más personas o empresas relacionadas con el caso de huachicol, considerado uno de los expedientes más relevantes sobre el presunto contrabando de combustibles por vía ferroviaria.
Cabe recordar que, conforme al principio de presunción de inocencia, Ernesto Ruffo Appel y las demás personas detenidas se consideran inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.
