La denuncia contra un periodista del diario AM representa, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un intento por criminalizar el ejercicio periodístico tras la publicación de una investigación sobre presuntos contratos irregulares en el Municipio de León.
El organismo llamó a proteger la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.
El posicionamiento fue difundido luego de que el exsecretario de Vinculación y Atención del Municipio de León, Allan León Aguirre, presentara una denuncia penal por el supuesto delito de “acecho” contra un reportero del periódico AM.
Para el Consejo Consultivo, el caso trasciende un conflicto entre particulares, pues involucra el derecho de los periodistas a investigar asuntos de interés público relacionados con el manejo de recursos gubernamentales.
Consejo rechaza denuncia contra periodista
En un pronunciamiento público, el Consejo Consultivo manifestó su preocupación por la denuncia contra periodista y rechazó cualquier acción legal que, a su consideración, busque inhibir el trabajo de los medios de comunicación.
El organismo sostuvo que el periodismo constituye una actividad de interés público que debe contar con garantías para desarrollarse libremente. Además, recordó que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes ejercen esta labor.
Asimismo, advirtió que recurrir a procesos penales contra comunicadores puede generar un efecto inhibidor sobre las investigaciones periodísticas, especialmente cuando éstas abordan posibles actos de corrupción o el uso de recursos públicos.
Investigación periodística originó la denuncia
De acuerdo con el Consejo, la denuncia contra el periodista surgió después de que el diario AM publicara una investigación relacionada con la gestión de Allan León Aguirre al frente de la Secretaría de Vinculación y Atención del Municipio de León.
La publicación documentó el presunto otorgamiento de 12 contratos por un monto de hasta siete millones de pesos a una empresa señalada como presunta fachada. Esa información motivó posteriormente la acción legal promovida por el exfuncionario.
El Consejo recordó que quienes desempeñan un cargo público están sujetos a obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Por ello, consideró que las investigaciones sobre el ejercicio de recursos públicos forman parte del interés colectivo.
Piden evitar el uso de la ley contra periodistas
El organismo también hizo un llamado directo al exfuncionario para evitar utilizar los instrumentos legales como mecanismo para responder a investigaciones periodísticas.
Según el pronunciamiento, la utilización de denuncias penales contra periodistas puede convertirse en una forma de presión que afecte el ejercicio de la libertad de expresión y limite el acceso de la ciudadanía a información relevante.
Además, señaló que cualquier posible irregularidad relacionada con el manejo de recursos públicos debe ser investigada por las autoridades competentes y, en su caso, sancionada conforme a la legislación vigente.
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Libertad de expresión debe ser protegida
El Consejo Consultivo reiteró que el trabajo periodístico cumple una función esencial en una sociedad democrática al vigilar el actuar de las autoridades y difundir información de interés público.
También subrayó que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos y cuáles son las decisiones tomadas por quienes ocupan cargos gubernamentales, especialmente cuando existen investigaciones sobre posibles irregularidades.
Finalmente, el organismo insistió en que la denuncia contra el periodista debe analizarse desde la perspectiva de la protección a la libertad de expresión y el derecho a la información.
A su juicio, recurrir a mecanismos legales para responder a publicaciones periodísticas puede afectar el ejercicio de una labor fundamental para la rendición de cuentas y la transparencia en el servicio público.
