Las madres buscadoras Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, apoyadas por la organización Defensorxs, presentaron una demanda colectiva contra Ernestina Godoy y los 32 fiscales estatales por presuntas fallas en el Banco Nacional de Datos Forenses.
La controversia señala que el sistema no opera de manera interconectada en tiempo real con las bases de datos estatales, situación que, según las demandantes, dificulta la identificación de personas desaparecidas.
Además, las buscadoras cuestionaron que el portal digital del Banco Nacional de Datos Forenses permanece inactivo y que, hasta el 7 de octubre de 2026, no existía información pública sobre su funcionamiento.
Reclaman falta de conexión entre bases forenses
La demanda fue presentada ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito. Las promoventes señalan a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, y a sus homólogos de las 32 entidades.
De acuerdo con el señalamiento, en diciembre de 2022 se acordó la colaboración con los estados. Posteriormente, en mayo de 2023, se publicó el programa correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, las madres buscadoras sostienen que la falta de interconexión impide aprovechar plenamente esta herramienta para comparar información genética y avanzar en la identificación de personas desaparecidas.
Trámites manuales retrasan identificaciones
Ante la falta de conexión entre sistemas, las fiscalías especializadas deben realizar las confrontas genéticas mediante solicitudes y oficios en papel, según la demanda.
Este procedimiento puede prolongar los tiempos de búsqueda e identificación. Las promoventes advierten que restos humanos pueden permanecer en fosas comunes o anfiteatros periciales mientras sus familiares continúan registrados como desaparecidos.
Para las familias, la falta de respuestas representa una carga constante, pues la identificación de los restos es fundamental para conocer el paradero de sus seres queridos.
Piden conexión inmediata del sistema
Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil solicitaron la suspensión correspondiente para obligar a las autoridades a concretar la conexión tecnológica con el sistema centralizado.
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Las madres buscadoras también señalaron que cada día de omisión institucional prolonga el sufrimiento de las familias. En su planteamiento, compararon esa espera con actos de tortura por la incertidumbre que enfrentan.
La demanda busca que las autoridades garanticen el funcionamiento coordinado del Banco Nacional de Datos Forenses y las bases estatales. El objetivo es facilitar las confrontas genéticas y evitar que las fallas operativas continúen obstaculizando la identificación de personas desaparecidas.
