El dictamen de reforma judicial aprobado en el Congreso local excluyó recomendaciones fundamentales de organizaciones civiles y académicas. Juicio Justo A.C. y el Observatorio de Justicia del Tec de Monterrey propusieron una metodología basada en méritos, evaluación técnica y criterios éticos para seleccionar a juzgadores, pero ninguna fue considerada.
Ambos colectivos también sugirieron prohibir las candidaturas únicas, impedir postulaciones múltiples y garantizar una segunda instancia para revisar sanciones del Tribunal de Disciplina Judicial. El dictamen final omitió estas propuestas, alineándose casi por completo con la reforma federal de 2024.
La Universidad de Guanajuato advirtió que la legitimidad judicial no debe fundarse en el voto popular, sino en el conocimiento técnico y la capacidad jurídica. Consideró que la elección de jueces mediante sufragio puede debilitar la independencia del Poder Judicial y socavar la certeza jurídica.
Por su parte, el Instituto Electoral del Estado señaló que la reforma tendrá efectos importantes en la legislación electoral local, por lo que serán necesarias adecuaciones para garantizar procesos incluyentes, paritarios y transparentes en la elección de personas juzgadoras.
El dictamen crea el Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial con independencia técnica, pero replica el modelo federal sin ajustes sustantivos que preserven la autonomía judicial estatal.
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Así, Guanajuato se convierte en uno de los estados que armonizó su Constitución local sin atender las advertencias sobre los riesgos para la independencia judicial, dejando de lado propuestas ciudadanas diseñadas para fortalecer el estado de derecho.
