Durante 2023, un total de 32,852 adolescentes fueron imputados por presuntamente cometer un delito en México, lo que representa un incremento del 17.7% en comparación con el año anterior, de acuerdo con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El informe destaca que el 77.5% de los adolescentes involucrados son hombres y el 22.5% mujeres, lo que confirma una tendencia constante de predominancia masculina en las estadísticas delictivas juveniles.
En total, se reportaron 33,975 presuntos delitos, lo cual indica que varios menores están relacionados con más de un ilícito. Los delitos más frecuentes cometidos por adolescentes fueron lesiones (24.8%), robo (15.2%) y amenazas (9.4%). Además, el informe subraya la presencia de delitos de alto impacto, como el abuso sexual (9.0%) y el narcomenudeo (8.4%), que ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente.
A pesar de la gravedad de algunos de los casos, solo 3,785 adolescentes recibieron una sanción efectiva. De ellos, 66.3% fueron sometidos a medidas cautelares no privativas de la libertad, mientras que el 33.7% enfrentaron algún tipo de restricción preventiva de su libertad.
El sistema de justicia para adolescentes sigue mostrando una marcada desigualdad de género, pues casi el 90% de quienes ingresan a centros de internamiento son hombres. En 2023, la tasa nacional fue de 16.6 adolescentes ingresados por cada 100,000 menores de entre 14 y 17 años.
Si bien 85 de cada 100 adolescentes declararon haber sido acompañados por sus padres o tutores durante su proceso penal, sólo la mitad contó con el apoyo de un abogado durante su estancia ante el Ministerio Público, lo que refleja serias limitaciones en el acceso a la defensa legal.
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La serie histórica de estas estadísticas revela un repunte en los casos posteriores a la pandemia de COVID-19, pese a los esfuerzos de política pública orientados a reducir la incidencia delictiva juvenil. Entre los programas implementados se encuentran actividades culturales y deportivas, comedores comunitarios, becas educativas, proyectos de educación superior y el Sistema Nacional de Cuidados, entre otros.
Organismos internacionales como Unicef y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) coinciden en que la prevención es la vía más efectiva para reducir los delitos en jóvenes. Recomiendan atender factores de riesgo estructurales como la pobreza, violencia familiar, acoso escolar, salud mental deteriorada e inseguridad, particularmente en comunidades en situación de vulnerabilidad.
