Tres instituciones financieras enfrentan una fuerte sanción económica por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tras detectar diversas irregularidades, entre ellas, posibles operaciones vinculadas al lavado de dinero. En total, las multas superan los 185 millones de pesos, dirigidas contra Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam.
De acuerdo con los datos públicos difundidos por la propia comisión, se emitieron 53 sanciones entre las tres entidades. La mayoría está relacionada con fallas en el cumplimiento de obligaciones legales, incluyendo omisiones en controles de prevención contra el financiamiento de actividades ilícitas.
En su mensaje oficial, difundido a través de redes sociales, la CNBV subrayó que estas sanciones tienen como propósito frenar conductas que comprometen la estabilidad del sistema financiero, al mismo tiempo que protegen a los usuarios del sector. “La aplicación de #SancionesCNBV y su divulgación coadyuva a desalentar comportamientos que afectan el desempeño del sistema financiero mexicano”, señaló la institución en un comunicado.
Entre las sanciones destacan las impuestas a Vector, que enfrenta seis multas por cerca de 26 millones de pesos, asociadas principalmente al incumplimiento de la Ley de Fondos de Inversión. CI Banco acumula 21 sanciones, por un total superior a los 66 millones de pesos, mientras que Intercam lidera el listado con 26 sanciones que ascienden a más de 92 millones de pesos.
Este episodio se da en el contexto de una investigación que tomó fuerza a partir de junio de 2025, cuando la CNBV ejecutó una intervención gerencial sobre Vector Casa de Bolsa. La decisión se basó en reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que relacionaban a la firma con operaciones de blanqueo de capitales ligadas al Cártel de Sinaloa.
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A partir de ello, la CNBV —en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)— decidió sustituir los órganos administrativos y representantes legales de Vector, con el objetivo de salvaguardar los intereses de inversionistas y acreedores, conforme al artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores.
Aunque hasta ahora no existen procesos judiciales abiertos contra las entidades, fuentes federales señalaron que las operaciones sospechosas forman parte de una red financiera en investigación, incluida en informes confidenciales del gobierno estadounidense. La respuesta mexicana, según la CNBV, busca evitar riesgos reputacionales que comprometan la integridad del sistema bancario y bursátil nacional.
