Los contratos de seguridad en Guanajuato volvieron a estar en la mira nacional. Durante la conferencia matutina de este viernes 1 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por los millonarios convenios entre el gobierno estatal y la empresa Seguritech, los cuales han operado durante tres administraciones bajo la promesa de mejorar la vigilancia y la seguridad pública en el estado.
La mandataria no evitó el tema y respondió con firmeza: “Se hizo mucho negocio con los llamados C4 y C5. Estos montos multimillonarios relacionados con centros de monitoreo tienen que investigarse porque no son justificables.”
La polémica se intensificó tras revelarse que un socio de Seguritech está vinculado a la residencia donde actualmente vive la familia del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El inmueble, valuado en 20 millones de dólares, reavivó las sospechas sobre conflictos de interés en los contratos de seguridad adjudicados en el estado.
Guanajuato ha destinado más de 12 mil millones de pesos a Seguritech, empresa que asegura ofrecer tecnología avanzada en videovigilancia y monitoreo, pero cuyos resultados han sido duramente cuestionados en un estado que sigue encabezando estadísticas de violencia a nivel nacional.
En respuesta a si el Gobierno Federal intervendrá en el caso, Sheinbaum explicó que la Auditoría Superior de la Federación puede investigar siempre que se compruebe el uso de recursos federales en dichos convenios. También añadió que si los fondos provienen del presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la federación tiene facultades para actuar.
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La presidenta subrayó que con la nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública se han establecido mecanismos de revisión más estrictos para evitar que los sistemas de vigilancia se conviertan en negocios encubiertos con dinero público.
A la par, otros contratos con Seguritech en entidades como Querétaro y Chihuahua también han sido señalados, lo que apunta a un patrón nacional que podría derivar en una revisión más amplia por parte del gobierno federal.
Sheinbaum dejó claro que el combate a la inseguridad no puede estar ligado a intereses privados, y que cualquier indicio de corrupción debe ser investigado, sobre todo cuando las cifras de violencia no justifican las multimillonarias inversiones realizadas.
