En Silao, la disputa por la coordinación de Morena reúne a viejos protagonistas de una historia menos visible: la concesión privada del agua industrial.
Ricardo García Oseguera busca esa posición; Mario Roberto López Remus y Cecilia Rodríguez Rangel también figuran entre aspirantes vinculados al gobierno de Carlos García.
Sus diferencias políticas actuales no borran los acuerdos municipales que conectan nuevamente a García Villaseñor con los intereses empresariales alrededor del Parque Industrial FIPASI.
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La historia comenzó el 8 de mayo de 2001, cuando el Ayuntamiento de Carlos García autorizó un organismo privado para abastecer y sanear FIPASI.
El 7 de marzo de 2002, el Municipio celebró un convenio con Ricardo Ernesto García Oseguera como operador privado único de esos servicios hidráulicos.
Aquella concesión contempló veinticinco años, según los antecedentes que CUDIMEX presentó al Cabildo; el expediente original adjunto reproduce esa afirmación central de la empresa.
El 3 de abril de 2006, García Oseguera cedió los derechos a CUDIMEX, sociedad que posteriormente solicitó prolongar la operación privada del mismo sistema.
La relación tiene otro dato: el currículum oficial del exalcalde consigna que trabajó para CUDIMEX-FIPASI entre 2017 y 2021 como director de Relaciones Internacionales.
De regreso a la Presidencia Municipal, Carlos García encabezó el Ayuntamiento que atendió la solicitud de CUDIMEX, ahora bajo la representación de García Lambarry.
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Ricardo Ernesto García Lambarry, hijo de Oseguera, firmó la petición el 8 de julio de 2024 como presidente del consejo de administración de CUDIMEX.
CUDIMEX declaró inversiones equivalentes al 35 por ciento de las iniciales y describió 8,500 metros de red hidráulica industrial; faltan comprobantes financieros públicamente verificables.
El 24 de julio, la regidora María Teresa Tello cuestionó la falta de antecedentes jurídicos y del acta original que justificara ampliar aquella concesión.
Carlos García propuso entonces una comisión especial con participación de SAPAS, encargada de reunir dictámenes técnicos, financieros, jurídicos y administrativos antes del resolutivo definitivo.
Nueve integrantes respaldaron ese trámite; Ruth Granados, Juan Arturo Hinojosa y María Teresa Tello votaron contra la propuesta de envío a aquella comisión especial.
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Sin embargo, el 7 de agosto, apenas catorce días después, el Ayuntamiento autorizó extender veinticinco años el contrato privado de agua industrial de FIPASI.
El Periódico Oficial del 11 de septiembre consignó ocho votos favorables, pero omitió nombres y estudios de costos, tarifas o contraprestaciones municipales concretas detalladas.
La justificación municipal resultó escueta: Silao declaró su imposibilidad de prestar directamente el servicio y resolvió mantener al particular como operador exclusivo de FIPASI.
El punto es crucial: SAPAS administra servicios hidráulicos municipales y debía participar en la evaluación, pero el acuerdo público no explica su capacidad concreta.
López Remus encabezaba SAPAS: un oficio suyo del 15 de diciembre de 2023 proyectó ingresos para 2024 por 153,186,312.58 pesos en el organismo público.
Ese presupuesto no equivale a recursos perdidos por FIPASI; sin conocer la facturación de CUDIMEX, nadie puede calcular cuánto captaría eventualmente el SAPAS allí.
Cecilia Rodríguez fue síndica de aquel Ayuntamiento y presidió la comisión especial, según el acta; su participación exige explicar los dictámenes recibidos y valorados.
La opacidad resulta más grave porque, en 2020, la Secretaría municipal informó que no encontró la concesión tras revisar sus archivos físicos y electrónicos.
SAPAS respondió ese mismo año que desconocía quién prestaba el servicio dentro de FIPASI, según documentos que otro Cabildo recuperó en diciembre de 2024.
La prórroga sí apareció oficialmente; el convenio modificatorio del 29 de agosto consta en entrega-recepción, pero faltan su texto íntegro y balances financieros verificables.
En esa disputa morenista, las diferencias pesan menos que una explicación pendiente: quién cobra por el agua, qué recibe SAPAS y quién responde políticamente.
