La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que envió una carta oficial al director general de Nissan, Iván Espinosa, con el objetivo de reconsiderar el cierre de la planta de la compañía ubicada en Civac, Jiutepec. La mandataria manifestó su preocupación por el impacto social y económico que esta decisión podría generar en la entidad.
En declaraciones a medios de comunicación, González Saravia afirmó que el gobierno estatal hará todo lo posible para mantener los empleos de los trabajadores de Nissan, destacando que en Morelos existe mano de obra calificada y disposición institucional para ofrecer apoyo a la empresa con tal de que no traslade su producción a Aguascalientes.
La gobernadora enfatizó que “defender las fuentes de trabajo” es una prioridad para su administración, y que la misiva enviada al corporativo de Nissan representa “el primer paso” para abrir un canal de diálogo que evite el cierre definitivo de la planta automotriz.
El pasado 29 de julio, trascendió públicamente que Nissan cerraría su planta en Morelos, afectando la producción de modelos como la NP300, Frontier y Versa. Esta medida ha provocado incertidumbre y preocupación entre los trabajadores, quienes aún no cuentan con información clara sobre su futuro laboral.
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González Saravia remarcó que “la principal preocupación son los trabajadores”, y si bien reconoció que la empresa toma decisiones basadas en sus propias políticas, el gobierno del estado tiene la obligación de velar por los intereses de quienes podrían perder su sustento económico.
La dirigencia sindical llamó a los empleados a mantenerse unidos y serenos mientras se conforma una comisión encargada de vigilar el proceso de liquidación. No obstante, la falta de información concreta sigue alimentando la inquietud de cientos de familias.
Mientras la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo estima un impacto directo en aproximadamente 2,300 trabajadores, datos del PRI Morelos, revelados por su dirigente Elíasib Polanco Saldívar, sugieren que el cierre afectaría a más de 5,000 empleos directos y hasta 4,000 empleos indirectos relacionados con empresas proveedoras, sumando un total de más de 9,000 familias en riesgo.
