Organizaciones civiles revelaron que durante la gestión de Alejandro Navarro al frente del gobierno municipal se avalaron al menos 10 permisos al proyecto La Cucursola.
Acción Colectiva y Movimiento Colibríes presentaron documentos oficiales que demuestran cómo, entre 2018 y 2024, la administración municipal permitió avances al fraccionamiento en zona forestal.
Seis de los permisos clave fueron firmados en 2019 por Juan Carlos Delgado Zárate, quien encabezaba la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial en ese periodo.
Los documentos incluyen licencia de urbanización, uso de suelo, autorización de traza, visto bueno para liberación, impacto ambiental y permiso de venta para 49 lotes.
Aunque los avales comenzaron desde gobiernos anteriores, los entregados en 2019 y 2022 permitieron que el proyecto inmobiliario se materializara finalmente, señalan los colectivos.
Otros documentos que validaron la obra fueron firmados por directores de tránsito, obras públicas, administración urbana y protección civil, con cargos en esa misma administración.
La constancia de alineamiento urbano, el análisis de riesgo y el estudio de pavimentos completaron el conjunto de permisos que facilitaron la ejecución del fraccionamiento.
Pese a las afirmaciones de Alejandro Navarro sobre su desconocimiento del tema, la PAOT lo notificó formalmente sobre las irregularidades al menos desde octubre de 2022.
En ese oficio, la Procuraduría Ambiental detalló que el fraccionamiento La Cucursola carecía de permisos ambientales y de desarrollo urbano indispensables para operar legalmente.
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En febrero de 2025, el exalcalde volvió a negar que su administración hubiera autorizado dichos permisos, lo que contradice la documentación presentada por las organizaciones.
Según Semarnat, el área corresponde a uso forestal, lo cual requería autorización federal previa, misma que nunca gestionaron los desarrolladores del proyecto.
La Secretaría estatal del medio ambiente confirmó en 2024 que los permisos municipales y estatales otorgados carecen de validez jurídica por omitir requisitos federales obligatorios.
